La seccional Zárate de la Unión Obrera de la Construcción (UOCRA) ha declarado estado de alerta y movilización tras el despido de 22 trabajadores del proyecto Carem-25, en medio de la vigencia de una conciliación obligatoria dictada por el Ministerio de Trabajo. La situación, que podría escalar con más cesanteados, ha generado una creciente preocupación en el gremio.

Según reporta el sindicato, las empresas contratistas NASA, CNEA y Cerro Construcciones han incumplido la medida del Ministerio de Trabajo al prohibir el ingreso de los operarios a la planta. En respuesta, la UOCRA ha enviado registros de esta situación a las autoridades competentes, exigiendo sanciones para las firmas involucradas.

El conflicto, que ha sido objeto de tres audiencias entre las partes, podría afectar a más de 160 trabajadores, según estimaciones del gremio. La seccional Zárate ha solicitado al ministerio que tome acciones decisivas para resolver la crisis. “Le hemos pedido al ministerio que accione como corresponde”, manifestaron los representantes sindicales.

Desde la UOCRA, se argumenta que las empresas alegan la finalización de contratos sin renovación como justificación para los despidos. Sin embargo, el gremio destaca que aún hay material almacenado en el predio y tareas pendientes por realizar. “Sabemos que hay mucho material acopiado dentro del predio y muchas tareas para ejecutar”, enfatizó la representación local del sindicato, no descartando una movilización en las próximas horas.

Julio González, secretario general de UOCRA Zárate, criticó al gobierno por lo que considera una desinversión severa que está paralizando el plan nuclear. En conversación con Impacto Local, González expresó: “Esperemos que los funcionarios entiendan que no estamos dispuestos a seguir sufriendo despidos indiscriminados por este gobierno que vino a paralizar el plan nuclear con una desinversión fuertísima”. También advirtió que, a partir de noviembre, el proyecto podría enfrentar una paralización total.

González añadió que las medidas adoptadas están creando un entorno propicio para una posible privatización del proyecto, sin ofrecer alternativas a las familias afectadas. “Están dejando el mejor escenario para una privatización y no se está teniendo en cuenta que cientos de familias de la región se quedan sin sus recursos para llevar adelante una vida digna”, concluyó.

La tensión en torno al proyecto Carem-25 y los despidos de trabajadores continúa creciendo, mientras la UOCRA intensifica sus esfuerzos para garantizar la protección de los derechos laborales y evitar una mayor crisis en la región.