A casi seis meses de iniciado el gobierno de Javier Milei, la realidad económica del país deja en evidencia una de las peores crisis de ingresos y consumo desde el colapso de 2001. El brutal ajuste fiscal y la devaluación inicial beneficiaron a sectores concentrados de la economía, pero empujaron a millones de argentinos a un retroceso acelerado en su poder adquisitivo.

Tras un semestre marcado por el desplome del consumo y el estancamiento de la actividad, empiezan a observarse leves mejoras estadísticas que, sin embargo, responden a comparaciones interanuales contra bases extremadamente bajas. Detrás de esos datos, persiste una crisis de fondo: el "no me alcanza" continúa encabezando las principales preocupaciones sociales, y la inflación percibida por la ciudadanía duplica las cifras oficiales del INDEC, según un relevamiento reciente de la Universidad Di Tella.

El impacto sobre el consumo masivo es devastador. Grandes empresas del rubro operan al borde del colapso financiero, reportan pérdidas millonarias y liquidan stock para sobrevivir. El desplome de los salarios reales atraviesa todo el escenario: hoy, el ingreso promedio es un 26% inferior al que había durante el gobierno de Mauricio Macri, lo que posiciona a la actual administración como la que generó la mayor pérdida de poder adquisitivo en más de dos décadas.

A pesar de este panorama, el oficialismo mantiene un discurso centrado en logros macroeconómicos. El Gobierno celebra la emisión del “Boten 2030”, un título de deuda colocado por el ministro de Economía, Luis Caputo, en el mercado internacional. Consiguió 1.000 millones de dólares a cambio de pagar una tasa de interés récord cercana al 30%. Para garantizar el éxito de la colocación, Caputo ofreció condiciones inusualmente favorables para los inversores: dólar planchado, condiciones para el carry trade, y cláusulas de salida ante una eventual crisis política, todo con la venia del Fondo Monetario Internacional, que en la práctica actúa como sostén político del plan económico.

Desde el mercado, algunos analistas interpretaron el nivel de interés como una señal de desconfianza: lejos de ver estabilidad, los grandes fondos exigen garantías extremas, lo que refleja que no creen que la inflación esté bajo control ni que el oficialismo tenga asegurada una hoja de ruta clara hacia 2027.

Mientras tanto, el país real sigue lidiando con precios en alza, salarios congelados y un consumo paralizado. La desconexión entre los anuncios oficiales y la vida cotidiana de la mayoría refuerza la percepción de que el Gobierno transita una burbuja financiera, sin conexión con la realidad social que crece debajo.