En un año y medio, Correo Argentino recortó casi un tercio de su personal y proyecta nuevas bajas para lo que resta de 2025. El ajuste se da en el marco de la Ley Bases, que incluyó a la compañía en la lista de empresas estatales sujetas a privatización, y en paralelo a una drástica reducción de aportes del Tesoro.

Según datos del Indec, la planta de la empresa pasó de 16.897 empleados antes de la llegada de Javier Milei al gobierno a 11.981 en junio de este año, lo que implica una caída del 29,1%. Solo en 2024 se concretaron 3.600 retiros voluntarios y 377 despidos. Para diciembre, la proyección oficial es de 11.758 trabajadores, lo que significaría otras 480 salidas respecto del inicio del año.

La reducción de personal forma parte de un plan de saneamiento financiero que apunta a cortar la dependencia del presupuesto nacional. En 2025, las transferencias del Tesoro serán de $31.000 millones, un 85% menos que los $223.684 millones girados en 2024. Aun así, la empresa prevé cerrar el ejercicio con un superávit operativo de $54.791 millones y un resultado financiero positivo de $67.093 millones.

En 2024, en cambio, el superávit de $119.010 millones estuvo condicionado por la ayuda estatal: sin esos fondos, el balance habría arrojado pérdidas.

La conducción del Correo asegura que el recorte responde a un proceso de “modernización” para mejorar la calidad del servicio postal y alcanzar estándares internacionales. El plan prevé manejar este año 138,6 millones de piezas postales, entre cartas y paquetes, superando la cifra del año anterior.

Pese a que el Gobierno aún no confirmó la venta de la empresa, la inclusión en la Ley Bases obliga a presentar en noviembre ante el Fondo Monetario Internacional una hoja de ruta de privatizaciones, lo que mantiene en alerta al personal y a los gremios del sector.