Tras la suba del 14% del dólar oficial la semana pasada, el Gobierno nacional intenta contener la escalada inflacionaria con una advertencia directa a supermercados y autoservicios: “No convaliden aumentos irracionales”. Desde la Secretaría de Comercio, que lidera Pablo Lavigne, se recomendó a las principales cadenas que rechacen listas con subas superiores al 4 o 5%, aún cuando muchas empresas proveedoras ya enviaron incrementos de hasta el 9%.

La frase que sintetiza el momento salió de boca de funcionarios del entorno económico de Javier Milei: “No acepten locuras”, en referencia al impacto inmediato que la devaluación tuvo sobre los precios, en especial en el rubro alimentos, productos de limpieza y artículos de primera necesidad.

La tensión entre la narrativa liberal del Gobierno —que promueve la no intervención del Estado en los mercados— y la necesidad de contener los precios al consumidor se vuelve cada vez más evidente. En los hechos, la gestión de Luis Caputo al frente del Ministerio de Economía debió activar contactos informales con grandes empresas y supermercados para “moderar” los aumentos y evitar una aceleración inflacionaria más severa.

Devaluación y remarcaciones

La última corrección cambiaria generó un efecto en cadena: proveedores de productos masivos reconfiguraron sus listas de precios con subas de entre el 7 y el 9%, amparados en la pérdida del valor del peso y en la incertidumbre sobre el rumbo económico. Sin embargo, desde el oficialismo advierten que esas actualizaciones no reflejan una correlación directa con los costos y apelan a la “racionalidad empresarial” para evitar nuevos saltos de precios.

El pedido oficial genera un fuerte contraste con los principios que el propio Milei pregona. A pesar de su constante defensa del libre mercado y su rechazo a los controles de precios, la administración libertaria se ve forzada a recurrir a los métodos más tradicionales para contener una inflación que sigue sin ceder.

La inflación, el talón de Aquiles

La presión inflacionaria, que continúa siendo uno de los principales dolores de cabeza del Gobierno, se ve ahora recargada por el impacto de la devaluación. Analistas privados ya anticipan que la inflación de agosto podría volver a acelerar, tras algunos meses de desaceleración estadística. En este contexto, los llamados a “no convalidar locuras” se vuelven, más que una sugerencia, un intento desesperado por sostener cierto control sin apelar a mecanismos formales de regulación.

Mientras tanto, los consumidores ya sienten el impacto en las góndolas. Productos que habían mostrado cierta estabilidad en meses anteriores, como fideos, aceite, leche o azúcar, comenzaron a registrar nuevas subas. La presión también llega desde el lado de los combustibles y los servicios, donde persisten ajustes pendientes.

Contradicciones del modelo

La situación actual pone en evidencia las contradicciones del modelo libertario frente a la realidad económica argentina. El ideal de un mercado completamente libre choca con la volatilidad cambiaria y la especulación empresarial. En la práctica, el Estado interviene, aunque lo niegue, y el discurso anti-control se diluye cuando los precios amenazan con desbordar el termómetro social.

En definitiva, mientras el Gobierno reza para que no haya “locuras” en los precios, los supermercados enfrentan una disyuntiva compleja: absorber parte del aumento, arriesgar rentabilidad, o trasladar la totalidad al consumidor, con el costo político que eso implica para una administración que prometió estabilidad y eficiencia económica, pero aún no logra domar la inflación.