El Gobierno de Javier Milei oficializó la derogación de una norma que, desde 2004, garantizaba la equiparación salarial entre los trabajadores contratados y los empleados de planta permanente de la administración pública. La medida fue dispuesta a través de la Decisión Administrativa 26/2025, firmada por el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, y el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger.

La resolución deja sin efecto la Decisión Administrativa N° 3/2004, que establecía que los contratos de personal debían adecuarse a la categoría y carga horaria de los empleados de planta permanente. En la práctica, la derogación rompe con una garantía salarial histórica y habilita a que los contratados cobren por debajo de sus pares estables.

El argumento oficial: “modernización administrativa”

Según los fundamentos de la medida, la Secretaría de Transformación del Estado y Función Pública se encuentra realizando una “revisión integral del régimen de contrataciones de personal”, con el objetivo de optimizar procesos y mejorar la calidad de gestión en los organismos públicos.

Sin embargo, el texto no brinda detalles concretos sobre qué cambios se implementarán ni cómo se protegerán los ingresos de los trabajadores afectados. La resolución concluye simplemente que, “atento lo señalado, deviene necesario derogar la Decisión Administrativa N° 3/04”.

Impacto y críticas sindicales

En los hechos, la medida abre la puerta a una mayor precarización salarial dentro del Estado nacional, en un contexto en el que los sueldos públicos ya vienen perdiendo poder adquisitivo frente a la inflación.

De acuerdo con estimaciones de ATE Nacional, los empleados estatales acumulan una pérdida real del 19,4% en sus salarios desde diciembre de 2023, cifra que supera el 40% si se incluyen aumentos en alquileres, servicios y educación.

La decisión se suma a una larga lista de disposiciones impulsadas por Sturzenegger bajo el paraguas de la “desregulación estatal”, entre ellas la eliminación de organismos, la flexibilización de normas de contratación y la reducción de estructuras administrativas.

En el universo gremial, la medida fue leída como un nuevo golpe contra los derechos laborales y la estabilidad del empleo público. “Esto es lisa y llanamente una rebaja salarial encubierta. Ya no se trata de ajustar el Estado, sino de desmantelar derechos conquistados hace más de veinte años”, advirtieron desde sectores de la administración nacional.