Durante el año y medio de gestión del presidente Javier Milei, el ajuste sobre el sector público nacional provocó la pérdida de 57.621 puestos de trabajo, lo que equivale a una reducción del 16,8% en la planta estatal. Según un informe del Centro de Economía Política Argentina (CEPA), el impacto más fuerte se concentró en cuatro empresas públicas: Correo Argentino, Operadora Ferroviaria S.E., Banco Nación y Aerolíneas Argentinas, que en conjunto representan el 20,7% del total de los despidos.

Las empresas más golpeadas

De acuerdo con los datos relevados, Correo Argentino encabeza la lista con 5.063 despidos, seguida por Operadora Ferroviaria S.E. (con 3.116 cesanteados), Banco Nación (1.968) y Aerolíneas Argentinas (1.782).

El informe atribuye estos recortes a “una política deliberada de ajuste y desmantelamiento del sector público nacional, con impacto masivo tanto en la dotación de personal como en las capacidades operativas del Estado”.

En términos absolutos, los organismos descentralizados concentraron la mayor cantidad de despidos, seguidos por las empresas y sociedades del Estado y los organismos centralizados. Para CEPA, esto refleja “un profundo cambio en la concepción del rol del Estado, con consecuencias directas sobre miles de trabajadores y sobre áreas clave para la infraestructura, la soberanía y el desarrollo nacional”.

Los casos más severos

El recorte más drástico se registró en la ex agencia Télam, donde cerca del 80% del personal fue despedido tras su cierre y desmantelamiento. También se verificaron fuertes reducciones en ENARSA Patagonia, Educar S.A. y Contenidos Públicos S.E., todas ellas afectadas por la reestructuración general de los medios y empresas estatales.

Dentro de la Administración Pública Nacional (APN), el organismo más afectado fue ARCA, con 3.148 bajas, seguido por el CONICET (1.716 despidos) y la ANSES (1.532).

En términos proporcionales, el ajuste fue aún más profundo en el Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales, que perdió el 64% de su personal, la Junta de Seguridad en el Transporte (JST), con una reducción del 45%, y el Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (INAES), con un 42% menos de trabajadores.

Impacto en el sector financiero y productivo

El recorte también alcanzó al área financiera estatal. La Casa de la Moneda redujo su plantilla en 42%, mientras que Nación Seguros despidió al 37% de su personal. Según el CEPA, esto “debilita la capacidad del Estado para ofrecer coberturas accesibles a personas, pymes y organismos públicos, y pone en cuestión su rol contracíclico en situaciones de emergencia o catástrofe”.

El Banco de Inversión y Comercio Exterior (BICE), clave en el financiamiento productivo, también sufrió una reducción del 32% de su planta, lo que limita su capacidad de otorgar créditos a sectores estratégicos de la industria y la infraestructura.

Un Estado con menos presencia

Para el CEPA, el resultado del ajuste implica “un vaciamiento de funciones propias del Poder Ejecutivo” y una transformación estructural del modelo estatal. “El gobierno libertario busca consolidar un Estado mínimo, con menos trabajadores y menor capacidad de intervención, aún en áreas esenciales para el desarrollo nacional”, concluye el informe.