Una investigación judicial y periodística volvió a poner en la mira al grupo Vicentín, esta vez por un caso de explotación laboral y desmonte ilegal en un establecimiento rural del norte santafesino.

El portal LT9 reveló que el campo en cuestión, de más de 5.300 hectáreas en Pozo Borrado, pertenece a La Isabelina S.A., firma conducida por integrantes del grupo agroexportador. El hallazgo se produjo tras un operativo realizado a comienzos de septiembre por la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) junto al Registro Nacional de Trabajadores Rurales y Empleadores (RENATRE), con intervención de la Justicia Federal.

En el lugar fueron rescatados más de 30 trabajadores, entre ellos dos menores de edad, que vivían en condiciones precarias, sin acceso a agua potable ni sanitarios, y sometidos a jornadas de hasta diez horas diarias, de lunes a lunes. Los inspectores describieron que los peones dormían sobre mantas o colchones en improvisados campamentos.

Además de la denuncia por trata laboral, se constató la existencia de desmonte en bosques nativos de categoría 2, cuya explotación está prohibida por la Ley de Bosques. Durante los allanamientos, la Policía de Investigaciones secuestró celulares y cuadernos con registros de las actividades.

El caso se inició el 4 de septiembre, cuando ARCA informó a la fiscalía de Rafaela las irregularidades detectadas. Desde entonces, la causa incorporó la actuación de organismos como la Secretaría de Derechos Humanos de Santa Fe, la Municipalidad de Tostado, el Programa Nacional de Rescate y Acompañamiento a las Víctimas de Trata y la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (PROTEX).

Según consta en el Boletín Oficial del 22 de julio de 2025, La Isabelina S.A. está presidida por Federico Castellarin, secundado por Tomás Nahuel Moschen Padoan como vicepresidente, y con Carina Leticia Galarza y Roberto Joaquín Vicentín como directores. En paralelo, la Justicia citó a declarar a Dionisio Moschen, gerente del Complejo Avellaneda de Vicentín.

Este nuevo escándalo golpea a un grupo empresario que arrastra desde 2019 un concurso preventivo y múltiples causas judiciales por defraudación, ahora sumando acusaciones por trata de personas y delitos ambientales.