Después de casi seis años de inactividad, el juez federal Julián Ercolini reactivó la causa por la millonaria estafa de Vicentin y ordenó la indagatoria de 26 exfuncionarios del Banco Nación y directivos de la compañía cerealera. La decisión sorprendió tanto por los plazos —a dos meses de que la causa prescribiera— como por las implicancias políticas, ya que involucra a figuras cercanas al expresidente Mauricio Macri y a dirigentes con vínculos en la actual administración.

Entre los citados figuran Javier González Fraga y Juan Llach, presidente y vice del Banco Nación hasta diciembre de 2019, señalados por autorizar préstamos millonarios a la firma cuando ya arrastraba incumplimientos previos. Según la denuncia del fiscal Gerardo Pollicita, la maniobra permitió a la empresa acceder a unos 300 millones de dólares en condiciones irregulares, con parte de esos fondos desviados a cuentas en el exterior.

El dictamen detalla que entre agosto y noviembre de 2019, a pesar de que Vicentin acumulaba deudas impagas, el Banco Nación aprobó créditos adicionales por más de 100 millones de dólares y, además, liberó transferencias desde una cuenta en dólares que debía garantizar la devolución de los préstamos. Parte de esos fondos terminaron en filiales de la firma fuera del país, en fondos de inversión en guaridas fiscales o en pagos a empresas fantasmas.

El contexto político de aquel momento refuerza las sospechas: las decisiones se tomaron semanas después de la derrota electoral de Macri y apenas días antes de que Vicentin se declarara en cesación de pagos, en diciembre de 2019. La cercanía entre los dueños de la cerealera y el expresidente, sumada a los aportes que la compañía realizó a sus campañas, quedó señalada en el expediente.

La resolución de Ercolini incluye la inhibición de bienes de los imputados y reproduce las conclusiones del fiscal: la connivencia entre autoridades del banco y empresarios de Vicentin habría provocado un perjuicio de 300 millones de dólares al Estado nacional.

El movimiento judicial generó especulaciones sobre sus motivaciones. Para algunos abogados que siguen el caso desde 2020, el magistrado busca evitar que la causa prescriba y mantenerla como “carta de negociación” en un escenario político cambiante. Otros creen que la magnitud del fraude podría forzar esta vez a que el proceso avance.

Mientras tanto, el futuro de los activos de Vicentin sigue atado al cramdown en el marco del concurso preventivo, con grupos empresarios —y nombres vinculados a Macri— interesados en quedarse con las principales plantas y puertos de la compañía.

Tras años de letargo en Comodoro Py, el caso Vicentin vuelve al centro de la escena. Y promete incomodar tanto a antiguos aliados políticos como a funcionarios que aún hoy tienen peso en el tablero económico.