La secretaria general adjunta de ATE nacional, Mercedes Cabezas, denunció públicamente la contratación de la firma Ezca por parte de la Administración General de Puertos, a la que acusó de reincidir en la contratación de empresas con graves antecedentes por violaciones a los derechos laborales y evasión impositiva.

La dirigente gremial expresó su indignación tras conocerse que la compañía, denunciada en reiteradas ocasiones por prácticas ilegales, fue adjudicada con un contrato de 1.700 millones de pesos. “Estos son los verdaderos ñoquis: los que facturan millones al Estado mientras explotan a los trabajadores”, disparó Cabezas, al tiempo que cuestionó la legitimidad del proceso de contratación.

Acusaciones graves y antecedentes previos

Según informó ATE, la empresa Ezca fue denunciada previamente ante el Ministerio de Trabajo en 2022, señalada por pagar salarios por debajo del convenio, despedir trabajadoras embarazadas, aplicar descuentos injustificados, hostigar a delegados sindicales y evadir aportes previsionales. A pesar de ese historial, fue nuevamente contratada para brindar servicios de limpieza en el ámbito portuario.

“La firma tiene un prontuario preocupante y, sin embargo, vuelve a acceder a contratos millonarios con el Estado. Es una falta total de respeto a los trabajadores y a los recursos públicos”, sostuvo Cabezas.

Contexto institucional: cambios y alertas

La denuncia ocurre en un momento de reestructuración del sector portuario. La tradicional Administración General de Puertos, una sociedad del Estado, fue disuelta en enero de este año y reemplazada por la Agencia Nacional de Puertos y Navegación, bajo la órbita del Ministerio de Economía. La transición forma parte del esquema de reformas impulsadas por el Gobierno nacional para reorganizar áreas clave del aparato estatal.

Frente a esta situación, ATE adelantó que se mantendrá en estado de alerta y no descarta llevar adelante medidas gremiales para frenar lo que consideran una nueva muestra de precarización estatal encubierta. “No podemos permitir que el Estado sea cómplice de estas prácticas. Tiene que dar el ejemplo en el cumplimiento de los derechos laborales”, advirtió la dirigente.

Reclamo por transparencia y condiciones dignas

Cabezas finalizó su intervención con un llamado a la ciudadanía y al resto del arco sindical: “Ojalá la gente se indigne con esto. No es sólo una empresa, es una forma de gestionar que naturaliza el abuso y el vaciamiento. Vamos a seguir denunciando y visibilizando esta situación hasta que se revierta”.

Desde el gremio ratificaron su compromiso con los trabajadores y trabajadoras afectadas y exigieron que el Estado rompa vínculos con firmas que reincidan en prácticas laborales irregulares, especialmente cuando hay fondos públicos en juego.