En un contexto de paralización casi total de la obra pública vial, Vialidad Nacional volvió a quedar en el centro de la polémica por una decisión que despertó fuerte rechazo entre sus trabajadores: la contratación de un sistema de vigilancia de última generación por un monto de 2,4 millones de dólares. La medida, orientada a reforzar el control interno del personal mediante inteligencia artificial, se da en medio de un escenario crítico: rutas en deterioro, oficinas sin insumos básicos y salarios congelados desde hace más de nueve meses.

La implementación del sistema contempla molinetes con reconocimiento facial, pantallas digitales y monitoreo constante por 24 meses. Se instalará en dos sedes clave del organismo, incluida la casa central en la calle Julio A. Roca. La empresa adjudicataria es Elipgo, proveedora tecnológica que ha trabajado en otros países con redes satelitales como Starlink.

Desde el gremio Stvyara, que representa a los trabajadores viales, la reacción fue inmediata. Su secretaria general, Graciela Aleñá, calificó la decisión como una “vigilanteada” sin precedentes, denunciando persecución laboral, falta de diálogo institucional y una avanzada sobre derechos sindicales. “En lugar de arreglar rutas, se dedican a espiar a los empleados”, señaló.

El contraste con la situación real de las rutas nacionales no podría ser mayor. En provincias como Entre Ríos, los caminos presentan tal nivel de deterioro que, en algunos casos, la propia Gendarmería y bomberos locales se han visto obligados a rellenar baches con tierra para evitar accidentes. Según fuentes del sector, de los más de 2.000 proyectos que se ejecutaban anualmente en gestiones anteriores, actualmente sólo permanecen activas unas 60 obras, muchas de ellas sostenidas por financiamiento internacional.

Además, los trabajadores denuncian precarización creciente: los sueldos permanecen congelados desde noviembre de 2024, se registran despidos y recortes, y no se reponen partidas básicas para el funcionamiento diario, como papel higiénico o personal de limpieza. A esto se suman denuncias por sanciones a delegados sindicales y un esquema de beneficios reservado a cargos gerenciales, con aumentos y horas extra, en contraste con el resto del personal.

El gasto millonario, justificado oficialmente como una mejora en la “seguridad institucional”, es leído por gran parte de los trabajadores como una señal del vaciamiento del organismo. La inversión en vigilancia, dicen, responde más a una lógica de control que a un plan real de recuperación de la infraestructura vial, cada vez más deteriorada y olvidada.