La primera empresa estatal en pasar a manos privadas bajo la actual gestión presidencial, IMPSA, vuelve a estar en el centro de la polémica. Esta vez, por la decisión de fraccionar el pago del medio aguinaldo en cuatro cuotas, pese a haber declarado en marzo ganancias por casi $13.000 millones desde que fue adquirida por la firma ARC Energy.

La noticia generó malestar en la Unión Obrera Metalúrgica (UOM), conducida por Abel Furlán, que denunció la decisión como una muestra de precarización laboral en medio de una bonanza económica para la compañía. “No es la primera vez que recurren a esta modalidad. El retroactivo de la paritaria también lo pagaron por partes”, advirtieron desde el sindicato.

Desde la empresa argumentaron que el desdoblamiento del pago responde a demoras en los ingresos por proyectos heredados de la gestión anterior. Según fuentes oficiales de IMPSA, estos contratos —revisados antes de concretarse la privatización— aún no fueron completamente abonados, lo que afecta la disponibilidad inmediata de liquidez.

Sin embargo, el contraste con los resultados económicos difundidos públicamente es notorio. En su primer balance tras la privatización, cerrado al 31 de marzo de 2025, IMPSA reportó una ganancia neta superior a los $12.872 millones. La nueva administración destacó además una mejora en el patrimonio neto, con una revalorización de activos que elevó su capital a más de $48.645 millones, consolidando así una recuperación financiera notable desde el default declarado en 2014.

La medida de pago fragmentado se da además en un contexto de tensión creciente con el personal. En abril, la empresa despidió a una docena de trabajadores, justificando la decisión por cuestiones de “productividad”. Sin embargo, trascendió que entre los afectados había empleados de larga trayectoria y con formación técnica especializada.

Desde la UOM consideran que estas políticas van en línea con un modelo de gestión que prioriza la rentabilidad a corto plazo por encima de la estabilidad laboral. “No se puede hablar de éxito empresarial cuando se vulneran derechos básicos como el cobro íntegro y en tiempo del salario”, señalaron.

La situación en IMPSA podría anticipar futuros conflictos en otras empresas bajo procesos de privatización, si se consolida una dinámica donde las mejoras financieras no se traduzcan en mejoras laborales. Por ahora, el gremio evalúa medidas, mientras la empresa insiste en que las dificultades son “transitorias”.