La diputada nacional y dirigente sindical Vanesa Siley presentó nuevamente un proyecto para establecer un régimen específico de derechos y protección para quienes trabajan mediante plataformas digitales de reparto y transporte. La iniciativa busca regular una actividad que creció con fuerza en los últimos años y propone incorporar garantías vinculadas con la seguridad, las vacaciones, los riesgos laborales y el funcionamiento de los algoritmos.

El proyecto, denominado Ley de Cuidados para la Persona que Trabaja en Servicios de Plataformas Digitales, había sido presentado originalmente en 2024 y ahora vuelve al Congreso con una serie de herramientas destinadas a trabajadores que realizan tareas de reparto, entrega o retiro de productos a través de aplicaciones como Rappi, PedidosYa, Uber y Cabify.

La propuesta establece un régimen específico de derechos, sin excluir la aplicación de las normas laborales generales cuando corresponda.

Libertad horaria y reconocimiento del tiempo de trabajo

Uno de los ejes del proyecto es garantizar que cada trabajador pueda definir libremente sus horarios. La iniciativa considera como tiempo de trabajo todo el período comprendido entre el momento en que la persona se conecta a la aplicación y aquel en que finaliza su sesión.

El texto también plantea la compatibilidad con planes sociales, con el objetivo de evitar que quienes realizan estas actividades pierdan automáticamente beneficios sociales por obtener ingresos a través de las plataformas.

Estaciones sanitarias y botón de emergencia

La iniciativa incorpora medidas específicas de seguridad y cuidado para quienes desarrollan sus tareas en la vía pública.

Entre ellas aparece la creación de estaciones sanitarias para repartidores, que deberían funcionar mediante acuerdos con municipios y la Ciudad de Buenos Aires.

También propone un botón de emergencia dentro de las aplicaciones, que permitiría solicitar asistencia ante situaciones de inseguridad durante la jornada laboral.

El proyecto contempla además que las empresas sean responsables de proporcionar capacitación y elementos de protección, como cascos, rodilleras y coderas, junto con seguros destinados a cubrir daños y riesgos frente a terceros.

Control sobre los algoritmos

Otro de los puntos centrales es la denominada transparencia algorítmica.

La propuesta busca que los trabajadores puedan conocer cuáles son los parámetros utilizados por las plataformas para asignar tareas, evaluar su desempeño, determinar su acceso al empleo y construir perfiles digitales.

También establece límites frente a los bloqueos de cuentas. Las empresas no podrían desconectar unilateralmente a un trabajador sin otorgarle previamente la posibilidad de presentar un descargo.

A esto se suma la creación de un canal de soporte obligatorio, que debería contar con un espacio físico, un teléfono local y una persona responsable de atender los reclamos.

La reputación digital como un derecho

El proyecto también propone reconocer la reputación digital de cada trabajador como un capital propio.

La medida apunta a evitar que las calificaciones o antecedentes acumulados en una plataforma puedan ser utilizados de manera arbitraria y contempla mecanismos destinados a preservar ese historial.

La iniciativa también plantea que el cálculo de las distancias recorridas para cada entrega se realice tomando como referencia el trazado urbano efectivo, en lugar de estimaciones que puedan reducir artificialmente la remuneración correspondiente.

Vacaciones y cobertura por accidentes

Entre las principales novedades aparece la incorporación de un sistema de vacaciones pagas escalonadas según la antigüedad, con períodos que irían de 14 a 35 días corridos.

Durante ese período, las plataformas no podrían penalizar al trabajador mediante modificaciones negativas de su reputación digital.

El proyecto también establece una cobertura frente a los riesgos del trabajo mediante un régimen simplificado con participación de una ART. De esta manera, se busca incorporar protección ante accidentes y enfermedades vinculadas con la actividad.

Una comisión tripartita para regular la actividad

La propuesta contempla además la creación de la Comisión Nacional de Trabajo en Plataformas Digitales, integrada por representantes del Estado, los sindicatos y las empresas.

Este organismo tendría entre sus funciones establecer retribuciones mínimas, condiciones laborales y protocolos de control sobre los sistemas algorítmicos utilizados por las plataformas.

La iniciativa busca así crear un ámbito permanente de negociación y regulación para una actividad que, hasta el momento, presenta importantes zonas grises en materia de derechos laborales.

Un sector que creció casi 290%

El proyecto llega en un contexto de fuerte expansión del trabajo mediante plataformas. Según datos de WorkerTech Argentina, la economía de plataformas de reparto emplea actualmente a más de 67.000 personas y registró un crecimiento del 289,5% entre 2020 y 2023.

Siley plantea que la regulación debe acompañar esa transformación y evitar que el crecimiento de estas nuevas formas de trabajo se produzca a costa de la pérdida de derechos.

La discusión también se desarrolla a nivel internacional. La Organización Internacional del Trabajo (OIT) viene promoviendo marcos regulatorios para el trabajo en plataformas, mientras que la Unión Europea avanzó con una directiva específica y países como Chile, Brasil, Colombia y Uruguay también desarrollaron distintas iniciativas sobre la actividad.

En Argentina, el proyecto vuelve a poner sobre la mesa una discusión que atraviesa al mundo laboral: cómo garantizar derechos y protección social para trabajadores cuya actividad depende cada vez más de aplicaciones, algoritmos y sistemas de gestión digital.