Polémica por el registro de armas y los derechos de los legítimos usuarios en Santa Fe

El presidente de la Asociación del Rifle Argentina (ARA), Daniel Castellani, cruzó con dureza al Director Provincial de Investigación Criminal de Santa Fe, Rolando Galfrascoli, tras sus declaraciones exigiendo un incremento en los controles para el otorgamiento de credenciales de armas de fuego.

"Funcionarios como Rolando Galfrascoli nos costaron 600.000 legítimos usuarios que no renovarán su credencial", aseveró el titular de la ARA.

El detonante de la controversia

La tensión se desencadenó a raíz de un procedimiento derivado de una denuncia por amenazas con armas de fuego. Tras solicitar un informe al RENAR, las autoridades confirmaron la presencia de 12 armas registradas en el domicilio intervenido, bajo la hipótesis judicial de que eran alquiladas o empleadas para cometer delitos.

Desde la ARA sostienen que el operativo buscaba generar un golpe de efecto mediático: "Ya sabían que iban a tener una foto con armas. Si se comprueba el hecho, esperemos que recaiga todo el peso de la ley sobre esas personas". Sin embargo, aclararon que un hecho aislado no debe utilizarse para estigmatizar al usuario legal.

Los ejes del reclamo de la ARA

Sin impacto en el delito: Los delincuentes también emplean autos y motos para delinquir. Según datos del Ministerio Público Fiscal, las armas debidamente registradas no tienen injerencia en la tasa delictual real ni en los homicidios.

Contradicción política: Señalan que el Ejecutivo provincial promueve un desarme civil que resulta ilegal en Argentina y contrasta con la posición del Ejecutivo Nacional.

Defensa del derecho legal: Afirman que la tenencia y portación representan un derecho garantizado. Recordaron además que el propio gobernador Maximiliano Pullaro posee ambas licencias, cuya validez de 5 años se logró tras la lucha del sector.

Costo electoral: Advirtieron sobre la pérdida de respaldo en las urnas por parte del gobierno santafesino entre 2023 y 2025, señalando el peso numérico del colectivo de legítimos usuarios en la provincia de cara a 2027.

La entidad cerró su postura ratificando que mantendrán la defensa del sector: "¡No podemos llamarnos al silencio! Nos costó mucho recuperar nuestros derechos a la tenencia y portación de armas de fuego en todo el territorio nacional".