Gremiales | 12 de agosto
La Justicia ordenó reinstalar a trabajadores despedidos de PAMI tras un reclamo de ATE
Un juzgado laboral hizo lugar a la presentación del sindicato y dispuso la reincorporación de empleados cesanteados durante abril. Entre los despedidos había una dirigente sindical, por lo que ATE denunció una vulneración de la tutela gremial. Rodolfo Aguiar reivindicó la combinación de la vía judicial con paros y protestas.
La disputa entre ATE y el Gobierno nacional por los despidos en el PAMI sumó un revés judicial para la administración de Javier Milei. El Juzgado Nacional de Primera Instancia del Trabajo N° 77 hizo lugar al planteo presentado por el sindicato y ordenó reinstalar a trabajadores que habían sido despedidos durante abril.
La resolución representa un nuevo capítulo en el conflicto que ATE mantiene con la conducción de la obra social de los jubilados por las cesantías producidas durante los últimos meses. Desde el gremio destacaron que el reclamo no quedó limitado a los tribunales, sino que fue acompañado por medidas de fuerza y movilizaciones en los lugares de trabajo.
El secretario general de ATE, Rodolfo Aguiar, calificó la decisión como una demostración de que la presión sindical puede generar resultados y sostuvo que el sindicato decidió enfrentar los despidos «en todos los planos» desde que se produjo la primera cesantía.
Una estrategia que combinó tribunales y protesta
Para ATE, la reinstalación no fue producto exclusivamente de la presentación judicial. El sindicato sostuvo que desde el comienzo del conflicto se desplegó una estrategia que incluyó paros, protestas en los lugares de trabajo y manifestaciones frente a la sede central del PAMI, además de las acciones iniciadas ante la Justicia laboral.
Aguiar reivindicó esa modalidad de confrontación y afirmó que la organización sindical no estaba dispuesta a aceptar las cesantías como un hecho consumado.
El dirigente sostuvo además que el resultado constituye un reconocimiento a la postura adoptada por los trabajadores y por el gremio frente a las decisiones de la administración nacional.
Desde la conducción de ATE utilizaron el fallo para reforzar su discurso contra la política de reducción de personal impulsada por el Gobierno y cuestionaron que las cesantías formen parte de una estrategia más amplia de ajuste sobre el Estado.
Una dirigente gremial, entre las despedidas
Uno de los elementos centrales del reclamo estuvo relacionado con la situación de Melina Gutiérrez, secretaria general de la Junta Interna del PAMI en Rosario, quien se encontraba entre los trabajadores alcanzados por los despidos.
ATE sostuvo que la cesantía de una representante gremial implicaba una vulneración de las garantías establecidas por la Ley de Asociaciones Sindicales 23.551, que establece mecanismos de protección para quienes ejercen funciones de representación sindical.
Para el gremio, este aspecto otorgó una dimensión adicional al conflicto, ya que no sólo se discutía la continuidad laboral de los empleados despedidos, sino también el respeto de las garantías vinculadas con la actividad sindical dentro de los organismos públicos.
«Luchar siempre sirve»
Tras conocerse la resolución, Aguiar celebró la decisión judicial y la presentó como una señal para los trabajadores estatales que enfrentan despidos.
El titular de ATE destacó el papel de una organización que, según planteó, decidió no resignarse frente a las cesantías y sostuvo que la pelea debe darse simultáneamente en el terreno judicial, sindical y político.
La resolución del Juzgado Laboral N° 77 abre ahora una nueva etapa para los trabajadores involucrados, que deberán ser reincorporados a sus puestos de trabajo.
Para ATE, el fallo también funciona como un antecedente en la disputa que mantiene con el Gobierno nacional por los despidos en el Estado. En ese marco, el sindicato buscará utilizar la resolución para sostener sus reclamos por otras cesantías y reforzar su estrategia de judicialización de las medidas adoptadas por la administración de Milei.
El mensaje que dejó la conducción sindical después del fallo fue contundente: la pelea colectiva, sostienen, puede modificar decisiones que parecían definitivas.