La crisis financiera de Distribuidora Lactres, una empresa alimenticia con sede en Tres Arroyos y presencia comercial en 17 localidades de la región, desembocó en un concurso preventivo después de que la suspensión de un programa alimentario bonaerense provocara un fuerte desplome de sus ingresos.

La compañía presentó el pedido de concurso el 15 de mayo de 2026, a través de su presidente, Franco Vitali. Un mes después, el Juzgado Civil y Comercial N°1 de Tres Arroyos dispuso la apertura del proceso en el expediente “Distribuidora Lactres SA s/ Concurso Preventivo (Grande)”.

Aunque al momento de solicitar el concurso la empresa informó un pasivo superior a $5.600 millones, los registros del sistema financiero correspondientes a junio muestran una deuda que trepa a aproximadamente $7.665 millones, entre obligaciones con bancos, sociedades de garantía y otras entidades.

El corte de fondos que agravó la situación

El principal factor que desencadenó el deterioro financiero estuvo relacionado con los programas alimentarios licitados por la Provincia de Buenos Aires.

A comienzos de 2026, los Consejos Escolares comenzaron a comunicar que no estaban recibiendo las transferencias necesarias para afrontar los compromisos asumidos con los proveedores. Lactres quedó así atrapada en una cadena de pagos que comenzó a interrumpirse.

Para sostener la operación y cubrir las obligaciones mientras esperaba los fondos provinciales, la distribuidora recurrió a distintas líneas de financiamiento bancario.

El problema se profundizó en abril, cuando la Dirección General de Cultura y Educación bonaerense formalizó la suspensión durante 90 días del programa MESA, una de las fuentes de ingresos relevantes para la compañía.

Para Lactres, la interrupción significó perder aproximadamente la mitad de su facturación mensual promedio. La suspensión, además, terminó extendiéndose hasta el 31 de enero de 2027, reduciendo todavía más las expectativas de recuperación en el corto plazo.

Una deuda bancaria que se volvió inmanejable

Entre las principales acreencias financieras aparecen Banco Provincia, con un reclamo cercano a los $1.431 millones; Galicia, con unos $1.328 millones; Santander, por aproximadamente $718 millones; Macro, con alrededor de $630 millones; y Banco Nación, con casi $302 millones.

La situación crediticia de la empresa ya había comenzado a deteriorarse antes de la presentación judicial, con distintas obligaciones ubicadas en categorías de riesgo correspondientes a situaciones 2 y 3.

La estrategia de financiar el faltante de caja permitió inicialmente sostener la actividad, pero terminó convirtiéndose en otro problema. Los préstamos acumulados generaron costos financieros que la empresa dejó de poder afrontar, mientras que las alternativas de refinanciación ofrecidas por las entidades bancarias tampoco resultaban sostenibles para sus niveles de ingresos.

Más de 140 cheques rechazados

La falta de liquidez también tuvo consecuencias sobre la cadena de pagos. En el período previo al concurso fueron rechazados 140 cheques por más de $1.130 millones, una señal del nivel de deterioro que atravesaba la caja de la compañía.

El pasivo comercial también alcanza cifras importantes. Entre los proveedores afectados aparecen Cremigal, con una acreencia de aproximadamente $303,5 millones; Molinos Tres Arroyos, por unos $106,7 millones; e Inalpa, con alrededor de $92,4 millones, además de otros acreedores.

La empresa sostiene que durante el proceso de deterioro financiero intentó priorizar el pago de los salarios y el cumplimiento de sus compromisos con proveedores, pero el agujero generado por la interrupción de los ingresos terminó superando su capacidad de respuesta.

43 trabajadores y una empresa que busca sobrevivir

Distribuidora Lactres cuenta con 43 empleados y ahora deberá atravesar el proceso concursal mientras intenta preservar la continuidad de sus operaciones.

El objetivo declarado es ordenar el pasivo, negociar con los acreedores y encontrar una salida que permita mantener activa la empresa en un contexto especialmente complejo para el sector alimentario y para las compañías que dependen de contratos vinculados a programas públicos.

El caso también expone el impacto que puede generar una interrupción en la cadena de pagos estatal sobre proveedores privados. En este caso, la falta de transferencias, seguida por la suspensión del programa MESA, dejó a la distribuidora sin una porción sustancial de sus ingresos mientras las obligaciones financieras continuaban acumulándose.

Con el programa suspendido hasta enero de 2027, Lactres enfrenta ahora un período decisivo: deberá reestructurar una deuda que ya supera los $7.600 millones y sostener su actividad mientras espera una recomposición de los ingresos que permita evitar que la crisis financiera termine afectando definitivamente su continuidad y los puestos de trabajo.