La diputada nacional Vanesa Siley ratificó este lunes su denuncia contra la jueza federal de San Isidro, Sandra Arroyo Salgado, por lo que consideró un “uso abusivo del poder judicial con fines políticos”. La legisladora de Unión por la Patria impulsa un pedido de juicio político contra la magistrada por “mal desempeño de sus funciones”, luego de que ordenara la detención y posterior incomunicación de cinco personas acusadas de arrojar materia fecal frente al domicilio del diputado liberal José Luis Espert.

La acusación, presentada también por el senador Mariano Recalde ante el Consejo de la Magistratura, sostiene que la jueza incurrió en una acción arbitraria y desproporcionada, ya que los hechos denunciados —aunque repudiables— constituyen como mucho una contravención municipal y no justificaban el despliegue de fuerzas federales, allanamientos nocturnos ni la reclusión de los involucrados en cárceles federales.

Las personas detenidas fueron identificadas como Alesia Abaigar, Eva Mieri, Iván Díaz Bianchi, Aldana Muzzio y Candelaria Montes, quienes permanecieron varios días incomunicadas pese a no haber mediado violencia ni daño a bienes públicos o privados.

“Esto es persecución política. Se usó la justicia como herramienta de disciplinamiento”, expresó Siley en declaraciones radiales.

La diputada fue más allá y señaló que “Espert es quien promueve la violencia desde su banca en el Congreso”, y recordó que ha pronunciado públicamente frases como “cárcel o bala” o “hay que colgar a los kukas en la plaza pública”. En ese sentido, cuestionó que el sistema judicial actúe con tanta severidad ante una protesta simbólica, mientras ignora lo que calificó como “discursos de odio institucionalizados”.

Durante la última sesión de la Cámara de Diputados, el bloque de Unión por la Patria presentó también un pedido de investigación formal sobre la conducta de Espert, argumentando que “ya no se puede seguir tolerando estas amenazas públicas”.

Siley cerró su planteo con una pregunta dirigida a la sociedad: “¿Qué mensaje se le está dando a la ciudadanía si quien convoca al exterminio recibe protección judicial, mientras que quienes protestan sin violencia son tratados como criminales?”.