En un caso que sienta precedente por su alcance económico y valor simbólico, la Justicia Federal de Salta homologó un acuerdo reparatorio que beneficia a 18 víctimas de trata laboral, quienes fueron explotadas en condiciones infrahumanas en campos de la localidad de Santa Victoria. El fallo incluye una indemnización total de más de 36 millones de pesos y una condena al empleador para realizar tareas comunitarias obligatorias.

El convenio fue aprobado por el juez Luis Renato Rabbi Baldi Cabanillas, integrante de la Cámara Federal de Apelaciones de Salta, y establece que el acusado, Jesús Isauro Erazo, deberá pagar en 90 días una suma de dinero que será distribuida en partes iguales entre los trabajadores. Además, deberá cumplir seis meses de trabajo comunitario en un hogar de ancianos de Tartagal, donde se encargará de tareas de limpieza y acompañamiento.

La causa fue impulsada por la fiscal federal Lucía Orsetti, de la sede descentralizada de Tartagal, quien detalló que las víctimas fueron captadas con falsas promesas laborales y trasladadas a una finca conocida como “Los Chilenitos”, en el paraje Tonono, sobre la Ruta Provincial 54. Provenientes de las comunidades originarias El Cañaveral y San Luis, los trabajadores eran obligados a limpiar terrenos por apenas 8.000 pesos por hectárea, sin recibir jamás un pago y debiendo costear incluso el único plato de comida diario.

“Para tomar agua tenían que caminar cinco kilómetros bajo temperaturas de casi 50 grados”, sostuvo la fiscal.

La denuncia, presentada tras la huida de tres trabajadores en diciembre de 2023, fue posible gracias a un aviso a la línea 145 del Programa Nacional de Rescate de Víctimas de Trata. Luego de la intervención de Gendarmería Nacional, se constataron las condiciones de servidumbre y se avanzó con la imputación de Erazo por trata de personas con fines de explotación laboral, agravada por el número de víctimas y su situación de extrema vulnerabilidad.

En la audiencia, la fiscal Orsetti presentó un informe psicológico elaborado por Verónica Olguín Rufino, que da cuenta de la precariedad estructural de las víctimas: falta de acceso a salud, educación, vivienda y el antecedente de trabajo infantil. La funcionaria sostuvo que, aunque existía una alta probabilidad de condena penal, el proceso civil no garantizaba una reparación efectiva, por lo cual se optó por esta vía.

El defensor público de las víctimas, Nicolás Escandar, apoyó la resolución y destacó que no significa impunidad, ya que el proceso penal podrá reactivarse si el imputado incumple el acuerdo. Escandar recordó otros casos donde la falta de recursos de los condenados impidió ejecutar sentencias millonarias, como el decomiso frustrado contra líderes religiosos de un culto Umbanda.

Por su parte, el abogado defensor de Erazo, Juan Martín Crosa, manifestó su conformidad con los términos pactados. El juez Baldi Cabanillas valoró el consentimiento informado de todas las partes, la viabilidad del cumplimiento y el enfoque restaurativo del acuerdo, señalando que se trata de una medida excepcional para garantizar justicia en contextos de vulnerabilidad extrema.