En un nuevo fallo adverso para el Poder Ejecutivo, la Justicia laboral declaró inconstitucional el artículo 3 del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 340/2025, que ampliaba el listado de actividades “esenciales” y restringía así el ejercicio del derecho a huelga. La sentencia fue dictada por la jueza Moira Fullana, del Juzgado Nacional del Trabajo N.º 3, en respuesta a un amparo presentado por la Asociación Trabajadores del Estado (ATE).

La resolución judicial sostiene que el decreto del Gobierno de Javier Milei incurrió en una clara extralimitación de funciones, al intentar legislar por decreto sin que existieran las condiciones de excepcionalidad requeridas por la Constitución Nacional. “No se acreditaron circunstancias extraordinarias ni urgencia que impidieran el procedimiento legislativo ordinario”, afirmó la magistrada en su fallo.

Un intento de cercenar derechos sin aval del Congreso

ATE había denunciado que el artículo cuestionado era una maniobra del Ejecutivo para restringir derechos laborales sin discusión parlamentaria, en clara violación al artículo 99, inciso 3 de la Constitución. La jueza le dio la razón, señalando además que el Congreso se encontraba en funciones al momento de la firma del decreto, lo que invalida aún más su carácter de “necesidad y urgencia”.

El fallo también destaca que el DNU interfería con atribuciones exclusivas del Poder Legislativo, modificando de hecho la Ley 25.877 de ordenamiento laboral y transgrediendo tratados internacionales, como los convenios de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), ratificados por Argentina.

Fuerte respaldo judicial al derecho a huelga

El dirigente nacional de ATE, Rodolfo Aguiar, celebró el fallo en sus redes sociales, afirmando: “En Argentina no existen monarcas. El derecho a huelga no se negocia, y el Día del Empleado Público tampoco”. Aguiar agregó que esta sentencia es un freno a la política de ajuste por decreto que impulsa el gobierno nacional.

La decisión judicial se suma a una serie de cuestionamientos que ya enfrentan varios DNU firmados por el presidente Javier Milei, cuya legalidad y legitimidad están siendo evaluadas en distintos tribunales del país.