En medio de la crítica situación energética que atraviesa el país, la Federación de Entidades de Combustibles (FEC) denunció problemas de abastecimiento de gas natural comprimido (GNC) en estaciones de servicio de varias provincias y anticipó que iniciará acciones legales contra las distribuidoras por incumplimiento de contrato y perjuicios económicos.
La entidad expresó su preocupación por los cortes de suministro que afectan incluso a estaciones con contratos de transporte firme, es decir, con acuerdos que deberían garantizar el abastecimiento ininterrumpido. “El impacto de este corte no es menor: deja a las estaciones sin ingresos, pero con todos sus costos operativos activos, desde salarios hasta servicios e impuestos”, advirtió Juan Carlos Basílico, presidente de la federación.
En un comunicado oficial, la FEC calificó la situación como un “daño económico grave y creciente”, y señaló que muchas bocas de expendio debieron suspender el servicio al superar los cupos anuales contratados, lo que, según explicaron, sucede pese a contar con contratos firmes. La normativa actual impide seguir recibiendo gas una vez alcanzado ese tope, dejando a los estacioneros sin margen de maniobra.
El vicepresidente de la Cámara de Expendedores de GNC, Oscar Olivero, agregó que el problema se agravó por la ola de frío y la escasez de gas natural disponible. “Cada estacionero contrata un volumen anual determinado, y al superar ese cupo, pierde el derecho a seguir recibiendo gas, incluso con contrato firme. Por eso, muchas bocas debieron cortar el servicio”, explicó.
Además de las pérdidas económicas directas, los estacioneros alertan sobre el impacto social de la medida, ya que buena parte del transporte urbano —como taxis, remises, fletes y servicios logísticos— depende del GNC para operar. Reclaman que la actividad sea considerada esencial, en línea con la importancia de la calefacción domiciliaria, y piden la revisión urgente del esquema de distribución actual.
Frente a este escenario, la Federación prepara una demanda judicial por incumplimiento contractual y lucro cesante, con la intención de obtener compensaciones económicas por los daños sufridos.
La situación expone una nueva dimensión de la crisis energética, con consecuencias que trascienden el ámbito industrial y golpean directamente al consumo cotidiano y a las economías regionales. Mientras tanto, los estacioneros siguen sin respuestas concretas y con incertidumbre sobre cuándo se normalizará el servicio.