En medio de una fuerte crisis energética y con una ola de frío que golpea al país, el Gobierno nacional desreguló el mercado del gas licuado de petróleo (GLP), mayormente utilizado por los sectores de menores ingresos. La medida, impulsada por el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, y la Secretaría de Energía, fue oficializada este jueves mediante el Decreto 446/2025, publicado en el Boletín Oficial.

La nueva normativa modifica de forma sustancial el marco regulatorio del gas envasado, dejando al Estado fuera de la fijación de precios y de la regulación de la oferta y la demanda. A partir de ahora, la intervención estatal quedará limitada exclusivamente a cuestiones de seguridad técnica, mientras que el funcionamiento del mercado quedará “libre y competitivo”, según los fundamentos del decreto.

La decisión encendió alarmas en el sector gremial. Guillermo Mangone, titular de la Federación de Trabajadores de la Industria del Gas, expresó su preocupación por los efectos sociales de esta medida: “Deja librado al mercado un bien de primera necesidad. El gas envasado es mayormente utilizado por los sectores más vulnerables económicamente”.

Desde el Gobierno, en cambio, justificaron la desregulación argumentando que el marco vigente “sobrerregulaba” la actividad, generando distorsiones, duplicación de funciones y sobrecostos que, según el texto oficial, se trasladaban a los precios. Además, sostienen que el sector privado cuenta con la capacidad necesaria para expandir la producción, mejorar la calidad del servicio y garantizar el abastecimiento a un menor costo.

Uno de los puntos más sensibles del nuevo régimen es la eliminación de la obligación de solicitar autorización previa a la Secretaría de Energía para instalar o ampliar plantas de fraccionamiento de GLP. Ahora, bastará con presentar la documentación correspondiente antes del inicio de las operaciones. Si no hay objeciones por parte del Estado en un plazo de diez días hábiles, se considerará aprobada automáticamente bajo el principio de "silencio administrativo positivo".

La medida llega en un momento crítico, marcado por restricciones en el suministro de gas natural en diversas regiones del país. La falta de infraestructura y las bajas temperaturas han forzado a miles de hogares a depender del gas en garrafas, cuyo precio —temen desde el gremio— podría dispararse sin una regulación estatal que proteja a los consumidores más necesitados.

Organizaciones sociales y sindicales no descartan avanzar con presentaciones legales o protestas si la desregulación impacta negativamente en los precios o el acceso al gas envasado. Por ahora, el gremio del sector insiste en que el Estado debe mantener un rol activo en el control de este servicio esencial, más aún en contextos de emergencia climática y crisis económica.