Un ejercicio realizado por la consultora Qualy volvió a poner bajo discusión la metodología utilizada por el INDEC para medir la inflación. Según su reconstrucción, si desde diciembre de 2023 se hubiera aplicado la estructura de ponderaciones correspondiente a la Encuesta Nacional de Gastos de los Hogares (ENGHo) 2017/18, la inflación acumulada habría llegado al 344,3%, frente al 328,8% registrado por el índice oficial.

La diferencia alcanza así 15,5 puntos porcentuales y, de acuerdo con el análisis privado, se explica principalmente por el mayor peso que la metodología actualizada asigna a los servicios, el transporte y los alquileres, justamente algunos de los rubros que registraron fuertes incrementos durante los últimos años.

La metodología que quedó postergada

El INDEC había anunciado en octubre de 2025 que comenzaría a utilizar, desde enero de 2026, una nueva estructura para calcular el Índice de Precios al Consumidor (IPC), basada en los hábitos de consumo relevados por la ENGHo 2017/18.

Sin embargo, el cambio fue suspendido por el Gobierno a comienzos de 2026. La decisión derivó, además, en la salida de Marco Lavagna de la conducción del organismo.

En aquel momento, el ministro de Economía, Luis Caputo, defendió la continuidad de la metodología vigente y sostuvo que no era conveniente modificar el índice en ese contexto. También afirmó que el resultado “da prácticamente igual”.

La reconstrucción realizada ahora por Qualy plantea una conclusión diferente cuando se observa el comportamiento acumulado durante más de dos años.

Una diferencia que crece con el tiempo

El trabajo privado recalculó la evolución de los precios desde diciembre de 2023 aplicando las ponderaciones correspondientes a la encuesta de gastos de los hogares de 2017/18.

La diferencia entre ambas metodologías no necesariamente resulta significativa cuando se observa un solo mes. Por ejemplo, para julio de 2026, la estimación alternativa habría arrojado una inflación mensual del 2,14%, apenas por encima del 2,11% informado oficialmente.

Pero la sucesión de pequeñas diferencias mensuales termina generando un resultado considerablemente distinto cuando se acumula durante un período prolongado.

Con la metodología actualmente utilizada por el INDEC, la inflación acumulada desde diciembre de 2023 alcanzaría el 328,8%. Bajo la estructura actualizada, en cambio, llegaría al 344,3%.

El peso de los servicios, en el centro de la discusión

La principal diferencia entre ambas mediciones no estaría relacionada con los productos incluidos en la canasta, sino con el peso que cada categoría tiene dentro del gasto de los hogares.

La estructura actualmente utilizada por el INDEC se encuentra basada en ponderaciones derivadas de la encuesta de gastos de 2004/05, posteriormente actualizadas mediante la evolución de los precios.

La metodología correspondiente a la ENGHo 2017/18 modifica esas ponderaciones y otorga una mayor incidencia al conjunto de los servicios.

Este aspecto adquiere especial relevancia debido a la evolución de tarifas, transporte, alquileres y otros servicios durante la administración de Javier Milei. Al tener una participación mayor en la canasta, sus aumentos tendrían un impacto más significativo sobre el índice general.

El debate por la medición de la inflación

El trabajo de Qualy vuelve a instalar una discusión que excede la diferencia entre dos porcentajes: qué estructura de consumo representa mejor la realidad económica de los hogares argentinos.

La actualización metodológica había sido presentada por el propio INDEC como una herramienta necesaria para adecuar el índice a los patrones de consumo más recientes. Su postergación dejó vigente una estructura de ponderaciones considerablemente más antigua.

La estimación privada no modifica el dato oficial ni reemplaza al IPC elaborado por el organismo estadístico nacional, pero permite dimensionar qué resultado podría haberse obtenido utilizando la metodología actualizada.

La diferencia acumulada de 15,5 puntos porcentuales vuelve así a poner bajo la lupa la decisión del Gobierno de mantener el esquema vigente y reabre el debate sobre la capacidad del indicador oficial para reflejar el impacto que tuvieron los aumentos de servicios, alquileres y transporte sobre el presupuesto de las familias.

En un escenario donde la evolución del costo de vida constituye uno de los principales indicadores económicos y sociales, la discusión metodológica adquiere también una dimensión política: qué inflación se mide y cuánto se acerca esa medición al verdadero impacto que sienten los hogares sobre sus ingresos.