La intervención judicial de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM) avanzó sobre uno de los acuerdos que más controversia generó durante la anterior conducción del sindicato. El interventor Alberto Biglieri, con respaldo judicial, dispuso suspender el convenio celebrado entre la organización y USEM S.A., mientras continúa una investigación federal sobre la administración de recursos sindicales.

La resolución comenzó a regir el 15 de agosto y fue presentada como una decisión de carácter preventivo destinada a preservar el patrimonio de la organización mientras se analiza el funcionamiento y alcance del contrato.

El expediente tramita ante la Justicia Federal y tiene como uno de sus focos principales el acuerdo firmado entre la UOM y la empresa encargada de gestionar parte de los fondos provenientes de los aportes de los afiliados.

Un contrato firmado durante la gestión de Furlán

El convenio cuestionado fue suscripto en 2023, cuando Abel Furlán se encontraba al frente de la UOM.

De acuerdo con los elementos incorporados a la investigación, el acuerdo otorgaba a USEM facultades para administrar aproximadamente el 80% de los aportes sindicales correspondientes a una masa cercana a los 200.000 afiliados.

El esquema contemplaba además una comisión del 0,5% mensual sobre los fondos recaudados. Las estimaciones que trascendieron durante el avance de la causa ubicaron los ingresos potenciales de la compañía en cifras superiores a los 100 millones de pesos mensuales.

El alcance de las funciones asignadas a la empresa constituye uno de los puntos sensibles del expediente, debido a que no se habría limitado a tareas administrativas convencionales.

El manejo de cuentas y pagos, bajo análisis

Según la información que forma parte de la investigación, USEM habría contado con atribuciones relacionadas con la gestión contable y bancaria de los recursos del sindicato.

Entre esas facultades aparecían intervenciones sobre cuentas pertenecientes a distintas seccionales y la posibilidad de instrumentar pagos en representación de la organización.

Ese nivel de participación en la administración de fondos sindicales es precisamente uno de los aspectos que quedó bajo análisis judicial luego del cambio de conducción de la UOM.

La Justicia busca determinar si existieron irregularidades en la contratación y en la operatoria posterior, así como eventuales responsabilidades derivadas de la administración de los recursos.

El papel de María Soledad Calle

Otro de los nombres que aparece en el expediente es el de María Soledad Calle, vinculada a la constitución y estructura societaria de USEM S.A.

Calle, además, había desarrollado funciones dentro de la estructura de la UOM durante la gestión encabezada por Furlán, lo que convirtió su participación en uno de los elementos examinados por la investigación.

Con la intervención, la dirigente fue desvinculada de la organización sindical, en una decisión adoptada dentro del proceso de revisión de las relaciones y contratos vinculados con la anterior administración.

Una revisión patrimonial que avanza

La suspensión del convenio representa uno de los movimientos más concretos realizados por la intervención desde que tomó el control de la UOM.

La medida busca impedir que continúe una operatoria cuestionada mientras la Justicia analiza la documentación, las condiciones del contrato y el circuito de los fondos involucrados.

El proceso se desarrolla en paralelo a la profunda crisis institucional que atravesó al sindicato y que terminó con la salida de Abel Furlán y la posterior intervención judicial.

Por ahora, la suspensión del acuerdo no implica por sí misma una condena sobre los responsables de la contratación. Será la investigación judicial la que determine si existieron delitos o irregularidades y, eventualmente, quiénes deberán responder por ellos.

Lo concreto es que uno de los convenios más sensibles de la administración anterior quedó formalmente suspendido y pasó a formar parte de una revisión más amplia sobre cómo se administraron los recursos de la UOM durante los últimos años.