En el marco del 39° aniversario del Hospital Garrahan, trabajadores, profesionales, técnicos, familiares de pacientes, organizaciones de derechos humanos y legisladores participaron de un acto en el que se expuso un diagnóstico crítico sobre la situación presupuestaria y laboral de la institución.

La presentación estuvo encabezada por la secretaria general de la Asociación de Profesionales y Técnicos (APyT), Norma Lezana, quien cuestionó el funcionamiento de la actual intervención y aseguró que los trabajadores tuvieron que recurrir a pedidos de informes, notas y finalmente a la Justicia para acceder a información sobre las cuentas del hospital.

Según explicó la dirigente, después de más de dos años de reclamos y de un amparo judicial, la intervención respondió parcialmente a los pedidos de información. Para los trabajadores, los datos obtenidos permiten poner en discusión el discurso oficial sobre la situación económica del hospital.

“El supuesto superávit no refleja la realidad”

Uno de los principales cuestionamientos apunta al presupuesto del Garrahan.

Lezana sostuvo que mientras desde la intervención se difunde la idea de que el hospital tiene superávit, los números que pudieron analizar muestran, según la organización sindical, un fuerte deterioro de los recursos disponibles frente a la inflación.

De acuerdo con los datos expuestos por APyT, el presupuesto habría pasado de aproximadamente $300.000 millones en 2024 a $250.000 millones en 2025.

La dirigente planteó que, considerando la inflación registrada durante ese período, el presupuesto necesario para mantener el poder de compra del año anterior debería haber alcanzado unos $400.000 millones.

Desde esa perspectiva, los trabajadores calculan un deterioro real del financiamiento de alrededor de $150.000 millones.

Para Lezana, ese recorte fue uno de los factores centrales detrás de la crisis que atravesó el hospital y que derivó en renuncias de profesionales y técnicos.

Menos enfermeros y más formas precarias de contratación

El informe también puso el foco sobre la situación del personal.

Uno de los datos más fuertes planteados por APyT es la reducción de la cantidad de trabajadores de enfermería. Según la organización, hace aproximadamente dos años había 2.000 enfermeros, mientras que actualmente quedarían alrededor de 1.350.

A esto se suma, según la denuncia sindical, el crecimiento de contratos de locación de servicios y monotributos para profesionales y técnicos.

“Faltan prótesis, faltan enfermeras y no se repuso el personal que renunció”, es el planteo central de los trabajadores, que vinculan la pérdida de personal con los bajos salarios y las condiciones laborales.

La preocupación no se limita al impacto sobre los trabajadores. Para APyT, la reducción de las dotaciones termina afectando directamente la capacidad asistencial de uno de los principales centros pediátricos del país.

Críticas a las contrataciones y al manejo de los recursos

Otro capítulo del informe apunta directamente contra la conducción de la institución.

Lezana cuestionó que la intervención haya recurrido, según su denuncia, a contrataciones directas, designaciones sin concurso y gastos millonarios vinculados a servicios de seguridad privada.

La dirigente también puso bajo la lupa el destino de recursos del hospital que, de acuerdo con la información presentada por la organización, estarían colocados en fondos de inversión y bonos de deuda.

El monto señalado por APyT ronda los $60.000 millones.

“Faltan prótesis, faltan enfermeras, pero hay casi $60.000 millones en la timba financiera”, cuestionó Lezana, quien sostuvo que esos recursos provienen de la actividad y del trabajo desarrollado dentro del propio hospital.

El contraste que plantean los trabajadores

La denuncia de los trabajadores se apoya precisamente en ese contraste: mientras existirían recursos destinados a instrumentos financieros, aseguran que el hospital enfrenta dificultades para garantizar determinados insumos y sostener su planta de personal.

Entre las situaciones mencionadas aparece el recorte de prótesis destinadas a pacientes con enfermedades graves, una situación que, según APyT, genera especial preocupación entre los equipos médicos.

El planteo sindical es que los recursos del Garrahan deberían priorizar la atención pediátrica, la investigación, la formación profesional y el funcionamiento cotidiano de la institución antes que la obtención de rentabilidad financiera.

Cuestionamientos a la intervención

La conducción de APyT también cuestionó el perfil de los funcionarios que actualmente conducen el hospital.

Lezana sostuvo que la intervención impulsada por el ministro de Salud, Mario Lugones, está integrada por personas que, según su evaluación, no cuentan con experiencia suficiente en pediatría ni en la gestión de un hospital público de alta complejidad.

También criticó las designaciones de gerentes y jefaturas sin concursos y apuntó particularmente contra Mariano Pirozzo, a quien vinculó políticamente con el sector privado de la salud.

Las acusaciones forman parte del planteo de los trabajadores, que consideran que existe un intento de modificar la lógica histórica del Garrahan y convertirlo progresivamente en una estructura administrada bajo criterios empresariales.

“El Garrahan no es una empresa”

Para APyT, el conflicto excede una discusión presupuestaria.

La organización sostiene que el hospital tiene una misión sanitaria y social que no puede medirse exclusivamente en términos de ingresos, gastos o rentabilidad.

“El Garrahan no es una empresa”, es, en definitiva, el concepto que atraviesa el reclamo de los trabajadores: la institución debería estar orientada a garantizar atención pediátrica de calidad, investigación, formación y acceso universal a la salud.

La disputa por los recursos se desarrolla además en un contexto de fuertes cuestionamientos sindicales al rumbo de la política sanitaria nacional y a la pérdida de poder adquisitivo de los trabajadores del sector público.

“Con hambre no pueden jugar”: una campaña que expone otra cara de la crisis

Durante el acto por el aniversario del hospital, APyT anunció además una nueva campaña denominada “Con Hambre no pueden Jugar”, que buscará recolectar alimentos y juguetes para niños y niñas atendidos en el Garrahan.

Los profesionales aseguran que reciben pacientes que llegan al hospital atravesando situaciones de hambre y vulnerabilidad social.

La iniciativa contempla la recepción de alimentos no perecederos y juguetes y tendrá como punto de encuentro un festival familiar previsto para el domingo 13 de septiembre en Parque Lezama.

Así, el conflicto del Garrahan vuelve a instalar una discusión que excede las paredes del hospital: qué recursos se destinan a la salud pública, cómo se administran y cuáles son las prioridades del Estado cuando se trata de garantizar la atención de los niños y niñas más vulnerables.