La Justicia volvió a pronunciarse a favor de los trabajadores del Hospital Garrahan en una causa que se originó tras las medidas de fuerza y manifestaciones realizadas durante 2025. La Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal rechazó las denuncias impulsadas por las autoridades del centro de salud y ratificó que los hechos denunciados no configuran conductas delictivas.

La resolución judicial confirmó decisiones adoptadas previamente por otras instancias, que habían concluido que las protestas desarrolladas por el personal del hospital se encontraban amparadas por el derecho constitucional a la manifestación y la acción sindical. De esta manera, quedó descartada la posibilidad de avanzar penalmente contra los trabajadores involucrados en los reclamos.

El conflicto se había originado en medio de una serie de movilizaciones, asambleas y medidas gremiales impulsadas por profesionales y técnicos del principal hospital pediátrico del país. Los reclamos estuvieron vinculados a cuestiones salariales, condiciones laborales y denuncias sobre el funcionamiento institucional del establecimiento.

Las denuncias presentadas por la intervención del hospital incluían acusaciones por presuntos delitos vinculados a las protestas. Sin embargo, tanto el juzgado interviniente como posteriormente la Cámara de Casación coincidieron en que no existían elementos que permitieran sostener la comisión de ilícitos penales por parte de los trabajadores.

Desde la Asociación de Profesionales y Técnicos (APyT) celebraron el fallo y señalaron que la resolución constituye un respaldo al ejercicio de los derechos sindicales y a la libertad de expresión en el ámbito laboral. Para la organización, la decisión judicial confirma la legitimidad de las acciones desarrolladas por el personal durante el conflicto.

La causa también había derivado en la apertura de sumarios administrativos contra distintos trabajadores y dirigentes gremiales, una situación que generó cuestionamientos por parte de los representantes sindicales, quienes denunciaron prácticas de persecución y hostigamiento hacia quienes encabezaban los reclamos.

Con este nuevo pronunciamiento, la Justicia consolidó una línea de interpretación que reconoce la protesta laboral como una herramienta legítima dentro del sistema democrático y sindical. El fallo adquiere relevancia no solo por su impacto sobre el conflicto del Garrahan, sino también porque refuerza criterios jurisprudenciales vinculados a la protección de la actividad gremial y el derecho de los trabajadores a expresar sus demandas colectivas.

Mientras continúan los debates sobre la situación del sistema de salud y las condiciones laborales en los hospitales públicos, la decisión de la Cámara de Casación representa un respaldo institucional para quienes participaron de las medidas de fuerza y marca un límite a los intentos de judicializar conflictos sindicales mediante acusaciones penales.