La Confederación General del Trabajo (CGT) emitió este lunes un enérgico comunicado en el que condena lo que define como una “deriva autoritaria” del Gobierno nacional, tras el operativo policial realizado el fin de semana en el Instituto Nacional Juan Domingo Perón, que terminó con la detención del dirigente social Juan Grabois y del estudiante Valentín Peralta Ramos.

El episodio ocurrió el pasado viernes, cuando Grabois encabezó una protesta contra el cierre del Instituto —ubicado en la ciudad de Buenos Aires— con una ocupación pacífica del edificio, acompañado por militantes, legisladores y referentes políticos. La acción, según sus organizadores, buscaba preservar un espacio emblemático de la memoria peronista. La respuesta del Gobierno fue un operativo de la Policía Federal que incluyó el uso de gases lacrimógenos y forcejeos con los manifestantes.

La CGT cuestionó con dureza la intervención, que calificó como ilegal y arbitraria. “Se actuó sin orden judicial y con desprecio por las garantías constitucionales”, denunció la central sindical. El comunicado apunta directamente al presidente Javier Milei y a la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, a quienes acusa de atropellar el Estado de derecho y fomentar un modelo de gestión que criminaliza la protesta social.

En ese marco, la central obrera recordó que ya había manifestado su rechazo al cierre del Instituto en un pronunciamiento del 9 de mayo, donde también había reclamado que el patrimonio cultural que alberga la sede quede bajo la custodia de la CGT. “Queremos resguardar los símbolos históricos en manos de quienes valoran y respetan su legado”, reiteraron.

Grabois y Peralta Ramos fueron detenidos acusados de usurpación, daños y la retención de efectivos policiales. El dirigente fue liberado en la madrugada del sábado tras pasar cerca de 12 horas en la Superintendencia de Investigaciones Federales, desde donde denunció condiciones de detención “infrahumanas”, incluyendo ambientes sin calefacción y con presencia de ratas.

Desde el Gobierno, la ministra Bullrich defendió el accionar policial y lo calificó como un “operativo exitoso” para recuperar un edificio estatal. La detención, sin embargo, generó una ola de críticas por parte del Partido Justicialista, organizaciones sociales y sectores de la oposición, que denunciaron un nuevo caso de represión injustificada.

Con esta declaración, la CGT vuelve a marcar distancia del Ejecutivo y exige el respeto irrestricto a los derechos fundamentales y al patrimonio histórico del país. En un clima de creciente tensión política, la central advierte que no permitirá que este tipo de acciones se naturalicen.