El Ejecutivo de Javier Milei desarticula la estructura del Sitio de Memoria reconocido por la UNESCO, en una serie de decisiones que organismos y querellas consideran parte de un vaciamiento sistemático. La Justicia interviene para exigir garantías.

En menos de diez días, el Gobierno nacional ejecutó una serie de medidas que profundizan su intervención sobre el Sitio de Memoria ESMA, uno de los emblemas de la política de derechos humanos en Argentina y reconocido por la UNESCO como Patrimonio de la Humanidad. La ofensiva incluye la degradación institucional del Museo, el despido de su directora ejecutiva y el anuncio de cesión de edificios del predio para otras funciones judiciales, lo que disparó una serie de presentaciones ante la Justicia por parte de organismos de derechos humanos.

El 21 de mayo, el vocero presidencial Manuel Adorni anunció la decisión de transformar la Secretaría de Derechos Humanos en una subsecretaría, lo que implicó no solo una quita de jerarquía sino también una nueva tanda de despidos. Ese mismo día, el Ministerio de Justicia, encabezado por Mariano Cúneo Libarona, comunicó cambios en la estructura del Museo Sitio de Memoria ESMA y del Archivo Nacional de la Memoria, que resguarda documentación clave de la CONADEP.

La medida se oficializó el 22 de mayo, justo en el aniversario número diez de la creación del Museo, sin la presencia de funcionarios nacionales en el acto. Allí, su entonces directora ejecutiva, Mayki Gorosito, denunció la reducción de personal: de 42 trabajadores, quedaban solo 28. ATE había contabilizado diez despidos desde marzo, afectando áreas clave como conservación, contenidos, mantenimiento y visitas guiadas.

El Museo dejó de ser un órgano autónomo dentro del área de Derechos Humanos y fue incorporado como una unidad del Centro Internacional para la Promoción de los Derechos Humanos (CIPDH). El titular del CIPDH, Alberto Baños —aliado de Cúneo Libarona— designó al frente del organismo a Ana Belén Mármora, una figura vinculada al activismo ultraconservador, con antecedentes en el Frente Joven y en campañas contra el matrimonio igualitario y el derecho al aborto. Mármora despidió a Gorosito en una breve reunión, sin recorrer aún el Museo ni el Archivo Nacional de la Memoria.

Preocupación en organismos y sobrevivientes

El recorte y la reestructuración encendieron las alarmas entre sobrevivientes, familiares y organismos de derechos humanos. El Museo funciona, desde su creación, sobre una narrativa construida en base a testimonios judiciales y sentencias firmes por crímenes de lesa humanidad cometidos en la ESMA, donde se estima que fueron secuestradas más de 5.000 personas entre 1976 y 1983.

El juez federal Ariel Lijo, a cargo de la megacausa ESMA, recibió un pedido del CELS para que notifique formalmente a Baños y a Mármora sobre sus responsabilidades en la preservación del sitio. En 2018, el juzgado ya había establecido que el Museo debía ser considerado “un testimonio en sí mismo”. Además, en enero de este año, Lijo había ordenado garantizar su funcionamiento pleno con dotación suficiente de personal, algo que —según denuncian las querellas— no se ha cumplido.

La querella Kaos, representada por los abogados Flavia Fernández Brozzi y Rodolfo Yanzón, alertó al juez sobre el cierre parcial del sitio por falta de guías, lo que afectó la atención de más de 2.000 visitantes mensuales. Además, sostuvieron que Baños falseó información ante la Justicia al afirmar que los despidos no afectaron la operatividad del lugar.

Cambios de uso y cesiones polémicas

El Gobierno parece ir más allá de una simple reestructuración. El jueves se publicó en el Boletín Oficial la cesión de uno de los edificios del predio a los fiscales de Comodoro Py y Penal Económico, para implementar el nuevo sistema acusatorio a partir de agosto. Desde la Procuración aún no respondieron oficialmente, pero fuentes judiciales expresaron malestar por la decisión inconsulta.

Baños también planteó la posibilidad de desalojar la actual sede de la subsecretaría de Derechos Humanos del predio de la exESMA y ceder ese espacio a organismos judiciales como la Procuración, la Defensoría General o el Consejo de la Magistratura. En una reunión reciente del ente tripartito que administra el predio —integrado por Nación, Ciudad y organismos de derechos humanos—, la propuesta fue rechazada por no contar con un proyecto claro.

Un giro ideológico en marcha

El trasfondo político de estos cambios preocupa a quienes han luchado durante décadas por la preservación de la memoria, la verdad y la justicia. El entorno de Ana Belén Mármora y sus vínculos con funcionarios que promueven la revisión de los crímenes cometidos por grupos armados durante los años ‘70 —como Nahuel Sotelo, autor de Cartas de los ‘70 y promotor de un acuerdo en la CIDH para declarar imprescriptibles esos delitos— hacen temer un intento de reconfigurar el sentido del relato histórico en el sitio de la exESMA.

Para organismos y querellas, las medidas del gobierno no son aisladas, sino parte de una política de vaciamiento generalizada, ejecutada a través de recortes presupuestarios, despidos y una redefinición ideológica de los espacios dedicados a la memoria.

El avance sobre la exESMA no sólo pone en tensión compromisos institucionales asumidos por el Estado argentino, como el reconocimiento de la UNESCO, sino que también reactiva una pregunta de fondo: ¿quiénes escriben la historia cuando el Estado cambia su relato?