El Hospital Garrahan atraviesa una nueva etapa de conflicto tras la denuncia de residentes y profesionales que aseguran haber recibido amenazas de despido por parte de las autoridades como forma de presión para levantar una huelga salarial. Aunque la medida fue suspendida, la tensión persiste, en medio de una investigación judicial que involucra al ministro de Salud, Mario Lugones.

Según informaron desde la Asociación de Profesionales y Técnicos del hospital, los residentes resolvieron interrumpir el paro indefinido este miércoles, luego de recibir advertencias formales e informales sobre posibles despidos. Carolina Goedelman, jefa de clínica e integrante de la organización gremial, relató que las presiones comenzaron con avisos dirigidos a los jefes de servicio sobre la contratación de médicos externos para reemplazar a los residentes en huelga, y escalaron hasta la llegada de telegramas laborales.

“Les dijeron directamente que si no abandonaban la medida, se iniciarían los trámites de despido. Fue una amenaza clara”, sostuvo Goedelman.

Huelga suspendida, protestas en pie

Pese a que los residentes retomaron sus tareas, en un comunicado aclararon que lo hicieron “por obligación” y denunciaron que las condiciones bajo las cuales se levantó el paro fueron coercitivas. Además, suspendieron su participación en la marcha a Plaza de Mayo que habían convocado junto a otros sectores de la salud.

Sin embargo, el personal de planta del Garrahan mantiene su postura y continuará con las medidas de fuerza. También advirtieron que la protesta podría ampliarse a otros hospitales del país, tras una fallida reunión con autoridades nacionales en la que no se presentó ninguna propuesta concreta para mejorar los salarios.

Imputación judicial al ministro de Salud

En paralelo al conflicto gremial, el ministro de Salud de la Nación, Mario Lugones, fue imputado por presuntas irregularidades en la administración del Hospital Garrahan. La causa fue impulsada por la diputada Marcela Campagnoli y la dirigente Elisa Carrió, y quedó a cargo del fiscal Guillermo Marijuan y el juez federal Sebastián Casanello.

Según la denuncia, Lugones habría forzado la salida del Consejo Directivo del hospital e incurrido en manejos arbitrarios en el reparto de bonos al personal. La Justicia investiga si existieron intervenciones indebidas por parte del Ministerio que afectaron la autonomía de gestión del centro pediátrico.

Desde la Asociación de Profesionales y Técnicos repudiaron el accionar del Gobierno y expresaron su respaldo a los residentes: “Intentan disciplinar un reclamo justo utilizando amenazas y presión institucional. Pero no vamos a ceder en la lucha por condiciones laborales dignas y salarios acordes”, remarcaron.

El conflicto en el Garrahan se suma a una creciente ola de tensiones en el sistema de salud pública, marcado por recortes, bajos salarios y una respuesta oficial que, según denuncian los trabajadores, se basa en la coerción más que en el diálogo.