La Comisión Interna de la planta de Molinos Río de la Plata en Esteban Echeverría encendió las alarmas al denunciar recortes de personal, condiciones laborales riesgosas y un posible plan de despidos impulsado por la empresa, propiedad del grupo Pérez Companc. Los trabajadores aseguran que la compañía comenzó a aplicar unilateralmente una reducción de operarios por línea de producción, lo que pone en riesgo la seguridad de la planta y vulnera derechos adquiridos.

“La motosierra entró a Molinos”, advirtió Luciano Greco, delegado sindical, haciendo alusión al ajuste que impulsa la empresa, y relacionándolo con el contexto económico y político nacional. El jueves 28 de mayo, representantes del gremio y delegados participaron de una audiencia en el Ministerio de Trabajo bonaerense, donde solicitaron una inspección urgente por presuntas violaciones a las normas de seguridad e higiene.

“Antes trabajaban cuatro personas por línea, ahora hay tres. Esa sobrecarga aumenta el riesgo de accidentes y pone en juego la salud de los compañeros”, explicó Greco, quien además denunció que la empresa intenta eliminar bonificaciones pactadas por convenio. “No pueden modificar el convenio de forma unilateral”, sostuvo.

Los delegados aseguran que no hay exceso de personal, sino todo lo contrario: “En Molinos no sobran trabajadores, faltan cubrir puestos”, expresaron en un comunicado. También anticiparon que este miércoles 4 de junio se realizará una nueva audiencia en la sede del Ministerio en La Plata, donde esperan una respuesta más firme del Estado. “Nos da confianza que al frente del Ministerio esté Walter Correa, un compañero que proviene del movimiento obrero”, destacó el delegado.

Desde la Comisión Interna y el Sindicato de la Industria de la Alimentación (STIA), que acompaña el reclamo, vinculan la situación con el contexto económico general. “La caída de ventas no es culpa de los trabajadores. Es consecuencia directa de la política empobrecedora del gobierno de Milei. La empresa busca trasladar sus pérdidas a la planta de trabajadores, amparándose en un clima de regresión laboral que aún ni siquiera fue legalizado por el Congreso”, denunciaron.

Los representantes gremiales exigen que el Ministerio actúe con celeridad y frene las prácticas que, según afirman, ponen en riesgo la integridad de los trabajadores y avanzan en una lógica de flexibilización encubierta. La tensión en la planta continúa en aumento, mientras crece la expectativa por lo que suceda en la próxima audiencia oficial.