En un contexto de fuerte presión gremial y reclamos de bloques opositores, las autoridades del Congreso de la Nación alcanzaron un acuerdo paritario con los sindicatos legislativos, que establece un aumento salarial del 1,3% mensual para el trimestre marzo-mayo, sumado a un bono compensatorio de 100 mil pesos para todos los trabajadores de planta permanente y transitoria.

El convenio fue rubricado por el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, la titular del Senado, Victoria Villarruel, y los secretarios generales de los gremios que representan al personal del Congreso: Norberto Di Próspero (APL), Claudio Britos (ATE Congreso) y Martín Roig (UPCN).

Detalles del acuerdo

• Recomposición salarial del 1,3% para los meses de marzo, abril y mayo, lo que suma un 3,9% acumulado para el trimestre.

• Bono extraordinario de $100.000, no remunerativo, para todo el personal legislativo.

• Aplicable a las 14 categorías del escalafón legislativo.

Con este ajuste, un trabajador de la categoría más baja pasará a cobrar un salario bruto de $653.000, mientras que el promedio de los empleados en categoría 7, la más numerosa, percibirá cerca de $1,1 millones. En tanto, un director de comisión alcanzará un ingreso bruto mensual estimado en $2,3 millones.

Una negociación en clima tenso

La apertura de las negociaciones fue impulsada tras los reiterados reclamos gremiales y las cartas enviadas por bloques de la oposición a las máximas autoridades parlamentarias, exigiendo respuestas frente a la pérdida del poder adquisitivo en el marco del ajuste general impulsado por el Gobierno nacional.

En un comunicado conjunto, los gremios valoraron el acuerdo como “un paso inicial en un proceso más amplio de recuperación del salario”, aunque reconocieron que “no se trata de un punto de llegada”. También remarcaron que la mejora se alcanzó “sin resignar puestos de trabajo” y que mantendrán una “mirada crítica y vigilante” sobre la evolución de las condiciones laborales en el Congreso.

“Continuaremos discutiendo y defendiendo nuestros derechos, por la mejora de las condiciones laborales, por la defensa del salario y de los puestos de trabajo”, señalaron los sindicatos.

El acuerdo se da en un momento de alta sensibilidad social y sindical, con múltiples sectores del empleo público en conflicto, como los trabajadores del Hospital Garrahan, que advierten sobre medidas de fuerza si no hay respuestas concretas a sus demandas.

Este entendimiento en el ámbito legislativo podría marcar un precedente clave para otras negociaciones del sector público que buscan compensar el impacto de la inflación y los ajustes presupuestarios.