Organizaciones gremiales del ámbito universitario realizaron una jornada de protesta frente a la Secretaría de Educación para exigir la actualización y restitución de los fondos destinados a las Becas Progresar, en el marco de un reclamo conjunto que reunió a docentes, nodocentes y estudiantes.

La actividad contó con la participación de la CONADU, la FEDUN, la FATUN y la FUA, junto a distintas agrupaciones estudiantiles. En el marco de la protesta se llevó adelante una clase pública y la instalación de una posta sanitaria frente al Palacio Sarmiento.

Los manifestantes centraron su reclamo en la necesidad de recomponer el valor de las Becas Progresar, actualmente fijadas en torno a los $35.000 mensuales, y denunciaron además dificultades en el acceso al programa, incluyendo rechazos y suspensiones de pagos vinculadas a inconsistencias en el registro académico o retrasos en las carreras.

El programa Becas Progresar, administrado por la Secretaría de Educación, está destinado a acompañar económicamente a estudiantes de distintos niveles con el objetivo de garantizar la continuidad educativa y facilitar la finalización de estudios o la formación en oficios.

Desde la organización nodocente, el secretario general de FATUN, Walter Merkis, destacó la participación de la dirigencia gremial en la jornada y remarcó la necesidad de una respuesta política al conflicto. En la misma línea, la secretaria de Juventud de la federación, Mercedes Maffeo, acompañó la actividad junto a representantes estudiantiles.

Durante la movilización se presentó un petitorio en el que se exige la restitución de recortes presupuestarios y la actualización de los montos de las becas, con el objetivo de garantizar el acceso, la permanencia y la terminalidad de los estudios en la universidad pública.

Los gremios sostienen que la pérdida de poder adquisitivo de las becas impacta directamente en las condiciones de vida de miles de estudiantes y advirtieron que la situación profundiza las desigualdades en el sistema universitario.

En el cierre de la jornada, los organizadores remarcaron que el conflicto trasciende lo salarial o presupuestario y plantearon la necesidad de una definición política que permita fortalecer el sistema universitario público en el contexto de las políticas educativas impulsadas por el gobierno de Javier Milei.