La senadora bonaerense y abogada Florencia Arietto enfrenta nuevas denuncias en el ámbito institucional y judicial a partir de su intervención en el conflicto laboral de la empresa Lustramax, ubicada en Tortuguitas, donde trabajadores la acusan de presuntas maniobras de persecución sindical y desobediencia de órdenes judiciales.
La presentación fue impulsada por la asociación civil Nace un Derecho ante el Tribunal de Ética del Colegio de Abogados de Lomas de Zamora, donde se cuestiona a la dirigente por supuestos agravios reiterados en redes sociales contra abogados laboralistas, a quienes habría calificado como “mafia”.
En paralelo, trabajadores de Lustramax promovieron una denuncia penal en la que acusan a la legisladora de desobediencia judicial y persecución sindical en el marco del conflicto laboral que atraviesa la planta. Según las presentaciones, la dirigente habría tenido un rol activo en el proceso de despidos y en el desarrollo de medidas que buscaban desarticular la organización gremial interna.
El conflicto en la empresa se inició tras una serie de desvinculaciones consideradas por los trabajadores como persecutorias. A partir de allí, se dictaron medidas de conciliación obligatoria a nivel provincial que, según la denuncia, no habrían sido cumplidas en su totalidad.
Uno de los puntos más sensibles del caso se produjo cuando el Tribunal de Trabajo N° 7 de Pilar ordenó la reincorporación del delegado gremial Leandro Gómez. En ese contexto, los denunciantes sostienen que Arietto habría intervenido en el acceso a la planta, impidiendo el cumplimiento efectivo de la resolución judicial, situación que motivó nuevos planteos por presunto desacato.
Además, los trabajadores cuestionan la presencia de fuerzas de seguridad federales en el establecimiento, lo que consideran un factor de tensión adicional en el conflicto.
En sus presentaciones, los denunciantes también apuntan contra la compatibilidad de funciones de la senadora, al sostener que percibe ingresos del Estado mientras desarrolla actividades vinculadas a la defensa de intereses empresariales en conflictos laborales.
El caso escaló a distintas instancias institucionales, incluyendo la Legislatura bonaerense y contactos con legisladores nacionales, donde se expusieron detalles del conflicto y se reclamó intervención política ante lo que describen como un proceso de creciente conflictividad sindical en la empresa.
Mientras tanto, los trabajadores de Lustramax sostienen las medidas de protesta en la planta y anticipan la continuidad de las acciones gremiales mediante asambleas, actividades de visibilización y articulación con organizaciones sociales y sindicales.