El conflicto en el sistema de transporte urbano de la ciudad de Córdoba atraviesa una nueva etapa de tensión entre empresas, trabajadores y autoridades locales, en un contexto marcado por el deterioro de las finanzas del sector y la falta de acuerdos sobre la actualización de costos operativos.

Desde la Federación de Empresarios del Transporte Automotor de Pasajeros (FETAP), el vocero empresarial Alejandro Ugalde advirtió que, en caso de no encontrarse una solución al déficit estructural del sistema, se evalúa avanzar con la reducción de recorridos como medida para sostener la prestación del servicio.

Según explicó, las empresas del sector resolvieron avanzar con el pago del aguinaldo en cuotas y liquidar los salarios de junio bajo escalas salariales anteriores, en un intento por contener el impacto de los aumentos de costos. En ese marco, sostuvo que la continuidad del servicio se mantiene, aunque condicionada a la evolución de la situación económica y a eventuales definiciones del municipio.

En declaraciones públicas, Ugalde señaló que el incremento de insumos clave, como el combustible, y la falta de actualización de los ingresos del sistema complican la operatividad diaria de las empresas, que dependen en gran medida de subsidios y tarifas para sostener el funcionamiento.

La respuesta gremial no se hizo esperar. La seccional Córdoba de la Unión Tranviarios Automotor (UTA), encabezada por UTA Córdoba, se declaró en estado de alerta ante el escenario de pago escalonado del aguinaldo y eventuales demoras en la liquidación de haberes.

Desde el sindicato advirtieron que, en caso de concretarse el incumplimiento de los compromisos salariales, se podrían implementar medidas de fuerza en defensa de los derechos de los trabajadores, incluyendo paros, asambleas o acciones directas.

La conducción local del gremio también alertó sobre posibles dificultades en el pago de los adelantos salariales previstos para fines de junio, lo que incrementa la incertidumbre entre los trabajadores del sistema.

El conflicto expone nuevamente la fragilidad estructural del transporte urbano en la capital provincial, donde las empresas argumentan que los costos operativos se encuentran desfasados respecto de los ingresos disponibles, mientras que el sector sindical sostiene que los trabajadores no deben absorber el impacto de la crisis financiera.

En ese contexto, tanto gremios como empresarios reclaman la intervención de la Municipalidad de Córdoba y del gobierno provincial para evitar una escalada del conflicto que pueda afectar la prestación del servicio público en la ciudad.