El gobierno de Chaco, liderado por el gobernador Leandro Zdero, ha despedido a 86 trabajadores de radio y televisión de los medios públicos provinciales, generando una fuerte polémica y el repudio de los sindicatos. Esta medida, que fue tomada a inicios de enero de 2025, afecta directamente a empleados de los medios estatales de la provincia, quienes fueron informados de su despido sin previo aviso.

A pesar de que inicialmente el gobierno había asegurado que las indemnizaciones serían liquidadas de manera regular, comenzó a llamar a los trabajadores despedidos para ofrecerles una "nueva oportunidad" laboral, pero bajo condiciones precarias. Según denuncian desde el gremio de Televisión SATSAID, los empleados recibieron una propuesta en la que se les ofrecía un contrato precarizado a cambio de renunciar al 60% de la indemnización que les correspondía por ley. Esta oferta fue catalogada por el sindicato como una “extorsión”, ya que obligaba a los trabajadores a aceptar una rebaja considerable de sus derechos laborales.

El sindicato de trabajadores de televisión manifestó su rechazo a lo que considera un despido injustificado y arbitrario. A través de un comunicado, el gremio destacó que esta decisión no solo pone en riesgo el bienestar de casi un centenar de familias, sino que también atenta contra el derecho de los chaqueños y chaqueñas a acceder a una información pública de calidad.

El sindicato también denunció el manejo “cínico” del gobierno provincial, que en medio de la oscuridad de la noche comunicó los despidos a través de un mensaje escueto y sin considerar las consecuencias laborales y sociales que esta medida traería consigo. El único argumento presentado por el Gobierno de Chaco para justificar los despidos fue la necesidad de reducir los gastos en el sector público, a pesar de que los salarios de los trabajadores despedidos no eran elevados.

Este escenario refleja un creciente malestar en el sector público, donde los trabajadores denuncian no solo una falta de respeto por sus derechos, sino también una creciente precarización laboral que amenaza con extenderse a otros ámbitos de la administración pública.