En un contexto de ajuste feroz y con una economía cada vez más tensionada, el Gobierno de Javier Milei se vio obligado a ceder ante el poder de presión del campo, uno de los sectores más influyentes y movilizados del país. En apenas una semana, el Presidente y su ministro de Economía, Luis “Toto” Caputo, mantuvieron al menos cinco reuniones clave con referentes de las entidades agropecuarias, intentando evitar una catarata de críticas en el cierre de la tradicional muestra de La Rural.

El resultado: una entrega fiscal millonaria en forma de reducción de retenciones a productos como la soja y la carne, en medio de un frente interno dividido entre dirigentes “libertarios” y voces combativas del agro.

“No me sirve, démosle todo”, habría sido la orden de Milei al ministro Caputo, cuando entendió que el precio de evitar silbidos y críticas públicas era ceder frente al reclamo del campo.

La decisión fue consecuencia directa del malestar que crecía en los grupos de WhatsApp más activos del sector rural, como Gurú Agro y Gurú Ganadero, donde se multiplicaban las quejas, insultos y advertencias. En ese clima caldeado, hasta la histórica referente “Techi” Cavotti pidió “respeto, pero convicción” para exigir al Presidente una baja efectiva de impuestos al agro.

El Presidente de la Sociedad Rural Argentina (SRA), Nicolás Pino, se convirtió en el principal interlocutor de Milei. Prometió evitar rechazos públicos en el acto de cierre y se mostró alineado al discurso oficial. Su fidelidad fue premiada: el mandatario lo considera para un futuro cargo en el Gabinete, posiblemente como ministro de Producción. Su discurso, teñido de tono “violeta libertario”, marcó distancia con otros actores de la entidad, como el vicepresidente Marcos Pereda, empresario del Grupo Bermejo y aliado del PRO.

La interna rural se agudiza: Pino cuenta con el respaldo de Carlos Odriozola, Eloísa Frederking (primera mujer en la cúpula de la SRA) y el entorno del exministro Luis Miguel Etchevehere. Del otro lado, Pereda suma apoyo de históricos como Andrés Costamagna, la propia Cavotti y mantiene un vínculo personal con Mauricio Macri y el mismísimo Caputo, con quien compartió negocios en el fondo Invernea.

Mientras tanto, otras entidades rurales también hicieron oír su reclamo. La Sociedad Rural de Rosario, presidida por María Soledad Aramendi, alertó sobre los impactos de la política económica en el sector: aumento del impuesto inmobiliario rural, suba de Ingresos Brutos y encarecimiento del gasoil entre un 10% y un 12% solo entre enero y julio.

En paralelo, Caputo intentó desviar el eje de la discusión asegurando que el agro sería reemplazado por la exportación energética de Vaca Muerta. Lejos de calmar las aguas, sus dichos encendieron aún más los chats rurales, que respondieron con ironías y críticas feroces: “No saben ni qué es una cadena agroindustrial”, lanzó un productor entrerriano, reflejando el hartazgo.

El conflicto dejó al descubierto un dato preocupante: mientras se vetan mejoras para los jubilados, se entregan beneficios fiscales al poder económico más organizado del país, que, puertas adentro, continúa peleando por la conducción del gremialismo agropecuario.