Un nuevo conflicto se abrió en torno al servicio de recolección de residuos en la Ciudad de Buenos Aires, luego de que el jefe de Gobierno, Jorge Macri, deslizara la posibilidad de no depositar los salarios a los trabajadores del sector. La reacción del sindicalismo no tardó en llegar: el dirigente camionero Pablo Moyano salió al cruce con un mensaje contundente.

“Voy a ser yo el primero, junto a miles de trabajadores, en reclamar el pago”, advirtió el secretario adjunto del Sindicato de Camioneros, en un tono que anticipa una posible escalada del conflicto.

Críticas y acusaciones

Moyano apuntó directamente contra el mandatario porteño, a quien acusó de “perseguir” a los trabajadores de recolección y de desconocer su rol esencial. En ese marco, recordó la labor del sector durante la pandemia y cuestionó las declaraciones oficiales sobre el funcionamiento del servicio.

“Los trabajadores estuvieron en la calle en los momentos más difíciles, mientras otros miraban desde sus casas”, sostuvo, al tiempo que rechazó cualquier intento de recorte salarial.

El dirigente también elevó el tono al comparar la actitud del jefe de Gobierno con “lógicas de la dictadura”, y denunció un supuesto desprecio hacia quienes sostienen tareas consideradas esenciales.

Advertencia gremial

En su mensaje, Moyano no descartó la adopción de medidas de fuerza si se avanza con decisiones que afecten los ingresos de los trabajadores. Además, dejó entrever sospechas sobre posibles negociaciones con empresas privadas para modificar el esquema actual del servicio.

“No venga a amenazar. No se meta con los trabajadores”, lanzó, en una advertencia directa hacia la gestión porteña.

Un conflicto en puerta

La disputa se da en un contexto de alta sensibilidad en el sector, donde cualquier alteración en el pago de salarios puede derivar rápidamente en medidas de fuerza que impacten en el funcionamiento cotidiano de la ciudad.

El episodio vuelve a poner en evidencia la tensión entre el Gobierno porteño y el sindicato de camioneros, en un escenario donde las discusiones por costos, servicios y condiciones laborales se entrecruzan con posicionamientos políticos y gremiales cada vez más confrontativos.