Un grupo de organizaciones sociales y jurídicas presentó un amparo ante la Justicia de la Ciudad de Buenos Aires para frenar el proceso de concesión de los medios públicos impulsado por la gestión de Jorge Macri. La demanda solicita la “nulidad absoluta e inconstitucionalidad” de la resolución oficial que habilitó la licitación.

La acción judicial fue promovida por el abogado Jonathan Baldivieso, titular de la Observatorio del Derecho a la Ciudad, junto a otras organizaciones como el Movimiento La Ciudad Somos Quienes La Habitamos y el Instituto de Pensamiento y Políticas Públicas. El planteo apunta a suspender de manera urgente el proceso antes de la apertura de sobres prevista para el 12 de mayo.

La licitación, formalizada mediante la resolución 7/26, contempla la concesión por cinco años del gerenciamiento de Radio de la Ciudad AM 1110, La 2x4 FM 92.7 y el Canal de la Ciudad, a cambio de un canon estimado en más de $718 millones. El Gobierno sostiene que la medida permitirá mejorar la programación y reducir el gasto público, al tiempo que asegura que los medios seguirán siendo de propiedad estatal.

Sin embargo, los impulsores del amparo denuncian que el proceso vulnera la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, en particular su artículo 47, que establece que los medios públicos deben ser gestionados por un ente autárquico con participación social. Según el escrito, la falta de creación de ese organismo —a más de 30 años de la sanción de la Constitución porteña— permitió una administración discrecional que ahora deriva en una “privatización encubierta”.

El planteo también cuestiona el incumplimiento de la Ley 123 de la Ciudad de Buenos Aires y de los artículos 30 y 67 de la Constitución local, que exigen instancias de audiencia pública para iniciativas que afecten bienes públicos o el patrimonio cultural.

Desde el Ejecutivo porteño, en tanto, defienden la iniciativa. Jorge Macri afirmó que “no tiene sentido usar recursos de los porteños para financiar lo que el sector privado puede hacer mejor y sin costo para los vecinos”. En contraposición, Baldivieso calificó el proyecto como “privatizador” y lo vinculó a decisiones de carácter político-electoral.

El debate también llegó a la Legislatura. La legisladora Graciana Peñafort presentó un proyecto para crear un Sistema Público de Medios con gestión autárquica, mientras que Graciela Ocaña solicitó informes sobre el futuro laboral de los cerca de 500 trabajadores de los medios involucrados. El pliego licitatorio no garantiza la continuidad de los empleados y establece que el personal no tendrá vínculo con el Gobierno de la Ciudad.

Con el proceso licitatorio en marcha y la intervención judicial en curso, el futuro de los medios públicos porteños quedó ahora sujeto a lo que resuelvan los tribunales en las próximas semanas.