Viernes 24 de Abril de 2026

Gremiales | 24 de abril

La CGT denuncia presiones contra el juez que frenó la Reforma Laboral y alerta por un “avance sobre la Justicia”

La Confederación General del Trabajo salió a cuestionar con dureza la denuncia penal presentada contra el juez laboral Raúl Horacio Ojeda y advirtió sobre un intento de “disciplinamiento” impulsado por sectores empresariales y el Gobierno tras el fallo que suspendió artículos clave de la Reforma Laboral.

El planteo de la central obrera surge luego de la presentación realizada por el Movimiento Empresarial Anti Bloqueos, espacio vinculado públicamente a la abogada Florencia Arietto, que acusó al magistrado de presunto abuso de autoridad por haber dictado una medida cautelar contra la Ley 27.802 de “Modernización Laboral”.

Desde la CGT rechazaron la iniciativa y defendieron la actuación judicial al sostener que la resolución respondió a un planteo gremial legítimo y se inscribe dentro de las atribuciones del Poder Judicial. En ese marco, consideraron que avanzar penalmente contra un juez por el contenido de un fallo “constituye un precedente grave”.

“Aun cuando las decisiones judiciales resulten incómodas para el poder político o económico, perseguir o amedrentar a quienes las dictan implica un claro avance sobre la independencia de los poderes”, señalaron desde la conducción cegetista.

Para la central sindical, la ofensiva judicial contra Ojeda no solo busca revertir un fallo adverso, sino que podría condicionar futuras resoluciones en materia laboral. En esa línea, advirtieron que “criminalizar decisiones judiciales por su contenido erosiona el Estado de Derecho y debilita el sistema democrático”.

El conflicto se da en paralelo a la disputa por la vigencia de la Reforma Laboral, que atraviesa distintas instancias judiciales tras la cautelar que suspendió buena parte de su articulado. En ese contexto, la CGT volvió a posicionarse en defensa de la autonomía del Poder Judicial.

 

“Sin independencia judicial no hay democracia posible”, concluyeron desde la central, en un mensaje que eleva el tono político de una controversia que combina tensiones institucionales, intereses económicos y el futuro del régimen laboral en la Argentina.

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