El otorgamiento de créditos millonarios por parte del Banco Nación a funcionarios de la actual gestión sumó un nuevo capítulo. En las últimas horas se conoció que Sergio Stivelman García, integrante del Ministerio de Salud, figura entre los beneficiarios de estos préstamos, en medio de cuestionamientos por el acceso a financiamiento estatal por parte de dirigentes vinculados al oficialismo.

Según registros del sistema financiero, el funcionario —quien se desempeña en la Dirección Nacional de Articulación y Seguimiento de Políticas Públicas— mantiene una deuda superior a los 350 millones de pesos, correspondiente a un crédito obtenido hacia fines de 2025.

El dato adquiere mayor relevancia por su vínculo familiar: Stivelman García es hijo de Claudio Stivelman, actual titular de la Superintendencia de Servicios de Salud, un organismo clave en la regulación de obras sociales y en la implementación de las políticas sanitarias del Gobierno.

La información surge de bases oficiales como la Central de Deudores del Banco Central, donde se registran las obligaciones crediticias del sistema financiero. Allí consta que el préstamo fue otorgado en octubre de 2025 y que su monto actualizado supera los $354 millones.

El caso se inscribe en una serie de operaciones similares que involucran a funcionarios y dirigentes cercanos al equipo económico. En las últimas semanas, distintos informes revelaron que integrantes del Poder Ejecutivo y del Congreso accedieron a créditos hipotecarios de gran magnitud a través del Banco Nación.

Entre los casos más destacados aparece el de Felipe Núñez, vinculado al Banco de Inversión y Comercio Exterior (BICE), quien habría recibido un préstamo cercano a los $475 millones. También figura el secretario de Finanzas, Federico Furiase, con financiamiento que supera los $360 millones, al que se suma otra operación adicional con el Banco Ciudad.

Estas operaciones, en muchos casos concretadas poco después de la asunción de los funcionarios, generaron cuestionamientos sobre el uso de recursos públicos y los criterios de asignación del crédito en un contexto de restricciones económicas y ajuste fiscal.

El episodio reaviva el debate sobre la transparencia en el acceso al financiamiento estatal y el rol de la banca pública, especialmente cuando se trata de operaciones que involucran a integrantes del propio Gobierno.