En el marco de su proceso concursal, Algodonera Avellaneda recibió autorización judicial para avanzar con la reactivación de dos desmotadoras de algodón en Chaco y Santiago del Estero, a través de contratos de fasón y bajo estrictos mecanismos de control.

La decisión fue tomada por el juez Fabián Lorenzini, quien interviene en el concurso preventivo de la firma y consideró viables los acuerdos alcanzados con La Nueva Vicentín, aunque estableció condiciones para resguardar los intereses de los acreedores.

El esquema prevé la puesta en funcionamiento de las plantas ubicadas en General Pinedo (Chaco) y Bandera (Santiago del Estero), con un volumen estimado de procesamiento de hasta 60.000 toneladas anuales —30.000 por cada instalación— y un piso mínimo de 4.000 toneladas por campaña.

Sin embargo, el magistrado introdujo modificaciones clave tras las objeciones planteadas por el comité de acreedores y la sindicatura. Entre ellas, dejó sin efecto cláusulas consideradas abusivas, como la exclusividad por varias campañas, una opción de compra irrevocable sin límites claros y condiciones que podían afectar la venta de activos de la empresa.

La compañía presentó una adenda para adecuar el acuerdo, lo que permitió su homologación. Aun así, el fallo establece que cualquier disposición futura que implique comprometer activos o alterar el equilibrio del contrato deberá contar con nueva autorización judicial.

El plan incluye un financiamiento inicial de hasta 300.000 dólares destinado a cubrir deudas salariales, servicios esenciales y la puesta a punto de las plantas. La sindicatura deberá auditar tanto la existencia como la correcta aplicación de esos fondos.

Además, el juez ordenó la elaboración de informes periódicos —mensuales o quincenales— sobre costos operativos y mantenimiento, con el objetivo de garantizar la transparencia y evaluar la sustentabilidad económica del esquema. El primer reporte deberá presentarse antes del 28 de abril.

La resolución apunta a un delicado equilibrio: permitir la reactivación productiva en plena campaña algodonera, considerada clave para la supervivencia de la empresa, sin comprometer el patrimonio ni vulnerar el principio de igualdad entre acreedores.

De este modo, la continuidad de Algodonera Avellaneda queda supeditada a un seguimiento judicial constante, en un intento por sostener la actividad industrial en el norte argentino en medio de un complejo escenario financiero.