La muerte de un anestesista y un enfermero por presunto abuso de fármacos reavivó las críticas al sistema de control de medicamentos en la Argentina. Desde el Sindicato Argentino de Farmacéuticos y Bioquímicos (SAFyB) advirtieron sobre “debilidades estructurales” en la fiscalización y volvieron a denunciar la existencia de un circuito ilegal de comercialización.

El secretario general del gremio, Marcelo Peretta, sostuvo que el caso expone fallas graves en el manejo de sustancias sensibles como Midazolam, Fentanilo y Propofol, cuyo uso debería estar estrictamente controlado en ámbitos sanitarios.

“La muerte del anestesista y del enfermero muestra las debilidades del sistema de control de medicamentos en la Argentina”, afirmó Peretta, quien además alertó que estos productos “son sustraídos por personal de salud y terminan alimentando circuitos ilegales”.

Según explicó, una de las modalidades detectadas es el uso de dosis menores a las indicadas y la apropiación de excedentes, lo que permite desviar pequeñas cantidades sin generar alertas inmediatas. “Se está abasteciendo un mercado negro que incluye desde consumidores problemáticos hasta redes vinculadas al narcotráfico”, aseguró.

En ese sentido, el dirigente sostuvo que estas organizaciones ya no operan únicamente con drogas tradicionales, sino también con medicamentos de uso clínico que generan efectos psicoactivos. “Hoy el tráfico incluye productos de laboratorio”, remarcó.

Desde el SAFyB reclamaron una intervención urgente del Estado nacional y apuntaron directamente contra los organismos de control. Peretta exigió explicaciones a la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica y al Ministerio de Salud de la Nación Argentina por la falta de controles efectivos.

“Es necesario saber qué medidas se van a tomar para evitar el robo hormiga, la generación de adicciones y nuevas muertes por abuso de medicamentos”, planteó.

El dirigente también cuestionó la falta de respuesta oficial a advertencias previas del sector. Según indicó, el sindicato viene señalando estas irregularidades desde hace más de una década sin obtener soluciones concretas.

Finalmente, Peretta instó al Gobierno a encarar una política integral sobre el uso racional de medicamentos y su fiscalización. “Es un problema de salud pública que requiere decisión política urgente”, concluyó.