El conflicto entre el Gobierno nacional y el periodismo sumó un nuevo capítulo de tensión luego de que el Sindicato de Prensa de Buenos Aires denunciara una “caza de brujas” contra trabajadores de prensa, en el marco de acusaciones oficiales sobre una supuesta campaña de desinformación financiada desde el exterior.

Desde el gremio que nuclea a periodistas del Área Metropolitana, sostuvieron que se trata de una ofensiva destinada a “desviar la atención” de investigaciones periodísticas que involucran a funcionarios del Poder Ejecutivo en presuntos hechos de corrupción.

La controversia se da en un contexto de creciente enfrentamiento entre la administración de Javier Milei y distintos sectores del periodismo, luego de que se difundieran denuncias sobre una supuesta campaña de difamación contra el oficialismo con financiamiento ruso.

En ese escenario, el sindicato salió a respaldar al periodista de Infobae, Juan Pablo Piscetta, quien además es delegado gremial e integrante de la comisión directiva del SiPreBA. Según el comunicado, el trabajador fue blanco de acusaciones por parte de voceros oficiales que lo vincularon con operaciones de desinformación.

“Desmintió categóricamente los hechos y puso a disposición su trabajo periodístico, que refleja una cobertura profesional”, indicaron desde el gremio.

El SiPreBA enmarcó el episodio en un cuadro más amplio de hostigamiento a la prensa. “Se suma a una serie de ataques sistemáticos que buscan disciplinar al periodismo y afectar la libertad de expresión”, advirtieron.

Asimismo, vincularon la situación con el conflicto gremial en el sector, incluyendo reclamos salariales, el rechazo a la reforma laboral y la defensa del Estatuto del Periodista Profesional.

El sindicato también cuestionó el rol de algunos medios y plataformas afines al oficialismo. En particular, mencionó a La Derecha Diario, al que acusó de utilizar “investigaciones cuestionables” para desacreditar periodistas y “criminalizar la tarea periodística”.

Finalmente, el gremio insistió en que la ofensiva ocurre en un momento sensible para el Gobierno. “Se busca correr el foco de investigaciones por enriquecimiento ilícito, dádivas y otros presuntos delitos que comprometen a altos funcionarios”, concluyeron.

El cruce profundiza la grieta entre el oficialismo y los trabajadores de prensa, en un escenario donde crecen las denuncias por ataques a la libertad de expresión y se multiplican los cuestionamientos cruzados.