La Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP) anunció una jornada de protesta a nivel nacional para este martes, con cortes de rutas y accesos en distintos puntos del país. La medida surge en rechazo a la decisión del Gobierno de eliminar, desde el 9 de abril, el salario social complementario, que actualmente ronda los $78.000.

Bajo la consigna “Trabajo sin salario es esclavitud”, la organización —que agrupa a cartoneros, cooperativistas y trabajadores de la economía informal— busca visibilizar el impacto de la medida sobre uno de los sectores más vulnerables del mercado laboral.

Desde la UTEP sostienen que la eliminación del ingreso dejará sin sustento a cientos de miles de personas y profundizará los niveles de indigencia. En esa línea, remarcaron que los trabajadores de la economía popular no deben ser considerados beneficiarios de asistencia, sino parte activa de la clase trabajadora que genera sus propios ingresos en contextos de exclusión.

El conflicto también apunta a la desvinculación del salario social complementario respecto del Salario Mínimo, Vital y Móvil, lo que —según denuncian— provocó una fuerte pérdida del poder adquisitivo en los últimos meses. La organización advierte que la medida impacta sobre más de 900 mil trabajadores en todo el país.

Además, desde el espacio vinculan la situación con un deterioro más amplio del empleo formal. Según estimaciones propias, la actual gestión económica habría expulsado a cientos de miles de trabajadores del sistema registrado, presionando aún más sobre un sector que ya enfrenta dificultades estructurales.

La movilización se perfila como un nuevo test para el protocolo antipiquetes impulsado por el Gobierno nacional. Los organizadores anticiparon una protesta masiva, con presencia en los principales accesos a la Ciudad de Buenos Aires y en capitales provinciales.

Desde la conducción gremial también alertaron por el impacto económico indirecto de la medida, especialmente en las economías regionales. Argumentan que la caída de estos ingresos afectará el consumo en comercios de cercanía, generando un efecto contractivo inmediato en barrios populares y provincias con alta dependencia de estos recursos.

Con este escenario, la protesta de la UTEP suma presión al frente social en un contexto de ajuste y reconfiguración de políticas públicas, y vuelve a poner en debate el rol del Estado en la contención de los sectores más postergados.