A menos de 24 horas de un fallo clave que reactivó la reforma laboral, el Gobierno nacional avanzó con el trámite para extender por cinco años la permanencia del juez Víctor Arturo Pesino en la Cámara Nacional del Trabajo, pese a haber alcanzado la edad límite de 75 años.

La decisión se conoció este viernes a través de su publicación en el Boletín Oficial, en una medida que generó fuertes cuestionamientos en ámbitos sindicales y judiciales por la cercanía temporal con el fallo que benefició la estrategia oficial.

Pesino, junto a la camarista María Dora González, firmó la resolución que dejó sin efecto la medida cautelar dictada previamente por el juez Raúl Ojeda, la cual suspendía aspectos centrales de la denominada Ley de Modernización Laboral, impulsada por el gobierno de Javier Milei.

Un fallo clave y una decisión bajo la lupa

La resolución de la Sala VIII de la Cámara del Trabajo permitió restablecer la vigencia de más de 80 artículos de la reforma laboral que habían sido frenados tras un amparo presentado por la Confederación General del Trabajo.

Desde la central obrera cuestionaron duramente el fallo. “La Sala VIII ha optado claramente en contra del trabajador”, señalaron en un comunicado difundido tras conocerse la decisión.

Además, advirtieron que los magistrados podrían haber incumplido criterios establecidos por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que reconoce a los trabajadores como sujetos de tutela preferente. En ese sentido, recordaron que la Ley 27.802 establece límites para que jueces inferiores se aparten de la doctrina del máximo tribunal.

Extensión de mandato y debate institucional

En paralelo al fallo, el Ministerio de Justicia oficializó el inicio del procedimiento para que Pesino continúe en su cargo por cinco años más. El mecanismo contempla un período de cinco días hábiles para presentar adhesiones o impugnaciones, y luego deberá ser tratado en el Senado.

Si bien en Tribunales reconocen que la medida no es ilegal, remarcan que se aparta de la práctica habitual, especialmente por el contexto en el que se produce.

El caso se inscribe además en una discusión más amplia sobre el futuro del fuero laboral, en momentos en que el Gobierno impulsa su traspaso a la órbita de la Ciudad de Buenos Aires.

En la misma jornada, el Ministerio de Justicia también inició el trámite para extender la permanencia del juez federal Leopoldo Jorge Rago Gallo en San Juan, lo que refuerza la decisión oficial de sostener magistrados más allá de la edad límite mediante nuevos acuerdos del Senado.

La sucesión de hechos abre un nuevo frente de debate sobre la independencia judicial y el vínculo entre decisiones jurisdiccionales y definiciones políticas en un contexto de alta conflictividad laboral.