La Superintendencia de Servicios de Salud (SSS) dictó la Resolución 1608, que extiende hasta el 31 de diciembre el plazo para que los afiliados manifiesten su voluntad de permanecer en su obra social. La medida reemplaza el artículo 4 de la Resolución 1/25, que había habilitado derivaciones automáticas de aportes hacia prepagas.

Dirigentes gremiales y del sector salud calificaron la norma como “un mamarracho jurídico” y denunciaron que el Gobierno intenta corregir, sin admitirlo, los efectos de una disposición que consideran irregular.

Antecedentes del conflicto

En 2024, el Gobierno de Javier Milei había intentado que las prepagas se inscribieran como obras sociales para recibir directamente los aportes de los afiliados. La estrategia fracasó: solo el 1,2% del padrón optó por cambiarse.

Frente a ese resultado, en enero de 2025 se emitió la Resolución 1/25, que eliminó la “intermediación” y derivó de forma automática —y sin consentimiento expreso— los aportes de todos los afiliados a las prepagas, vaciando de recursos a las obras sociales.

“Antes, mi silencio significaba que me quedaba en la obra social; ahora, con esta resolución, tengo que declarar que me quiero quedar cuando ya lo había hecho implícitamente”, cuestionó un dirigente sindical ligado al sector.

Críticas a la nueva normativa

Para las obras sociales, la extensión del plazo hasta fin de año no resuelve el problema de fondo. “La norma habilita a los afiliados a ‘continuar afiliados’ a la obra social receptora de sus aportes, pero en realidad esos afiliados ya fueron sustraídos del padrón y sus aportes derivados a entidades privadas sin su consentimiento. No están continuando: están volviendo”, subrayaron.

Otro referente gremial denunció el “lenguaje libertario” de la resolución, cargado de términos como “libre elección”, “voluntad individual” y “protección de derechos del afiliado”. “Si de verdad se hubiera respetado la voluntad, no se habrían dispuesto derivaciones automáticas, retroactivas y masivas sin notificación previa”, remarcó.

Judicialización y parches normativos

Las obras sociales afectadas ya iniciaron distintas acciones judiciales contra la Resolución 1/25. Según los gremios, el Gobierno busca emparchar una medida cuestionada, como ya ocurrió con el DNU 70 reemplazado por el DNU 340 en el sector de Marina Mercante, que terminó judicializado y frenado por el Congreso.