El presidente Javier Milei activará esta semana el Consejo de Mayo, el espacio multisectorial que promete trazar la hoja de ruta del tan mencionado Pacto de Mayo. La reunión inaugural será este martes 24 de junio a las 9:30 en Casa Rosada, y contará con la presencia de figuras clave del oficialismo, el empresariado, el sindicalismo y el Congreso. Sin embargo, la participación del sindicalista Gerardo Martínez —designado por el Ejecutivo como representante gremial— está en duda, ya que la CGT aún no definió si lo autoriza a sentarse a la mesa.

La convocatoria apunta a avanzar en una reforma laboral “moderna” que, según el Gobierno, promueva el empleo formal y reduzca rigideces del mercado actual. En este contexto, la designación directa de Martínez, secretario general de UOCRA, abrió una grieta interna en la central obrera: mientras algunos sectores lo respaldan como interlocutor, otros cuestionan la legitimidad de su inclusión sin una consulta previa.

“Yo no tomé ninguna decisión personal. No me llamaron desde el Gobierno. Esto necesita el aval de una parte importante de la CGT”, aseguró Martínez en declaraciones a Infobae, marcando distancia y obligando a que la central trate el tema formalmente en su reunión de este lunes.

El Consejo de Mayo estará presidido por el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, e integrado por seis consejeros designados por decreto: Federico Sturzenegger (Ejecutivo), Alfredo Cornejo (provincias firmantes), Carolina Losada (Senado), Cristian Ritondo (Diputados), Martínez (sindicatos), y Martín Rappallini (UIA).

La iniciativa llega en paralelo a los primeros pasos del Gobierno para modificar el régimen de indemnizaciones. La Comisión Nacional de Valores (CNV) reglamentó un nuevo Sistema de Cese Laboral, que permitiría a empleadores y trabajadores acordar, a través de convenios colectivos, reemplazar la indemnización tradicional por mecanismos de capitalización anticipada, como Fondos Comunes de Inversión (FCI) o Fideicomisos Financieros (FF).

La propuesta forma parte del modelo de reforma laboral impulsado por el Ejecutivo, con el foco puesto en la previsibilidad para las empresas y la desregulación del mercado de trabajo. Sin embargo, este tipo de iniciativas genera fuertes resistencias en amplios sectores sindicales, que advierten sobre la posible pérdida de derechos laborales históricos.

La CGT, por su parte, atraviesa un momento de tensiones internas: mientras algunos dirigentes evalúan la posibilidad de sentarse a discutir en el Consejo para evitar quedar al margen de las decisiones, otros consideran que sería validar una reforma impulsada de forma unilateral y sin consenso real.

De este modo, la reunión de este lunes en la sede de la calle Azopardo será clave. Allí se resolverá si Gerardo Martínez cuenta con respaldo institucional para participar del Consejo de Mayo o si, por el contrario, la CGT elige marcar distancia de un proceso que consideran “poco transparente” y con objetivos regresivos para el mundo del trabajo.