El sector pesquero de la Patagonia atraviesa una crisis de alta tensión laboral y social. El Sindicato de Obreros Marítimos Unidos (SOMU) denunció que las empresas pesqueras buscan imponer un recorte del 30% en los salarios de los trabajadores, en un contexto marcado por la parálisis de la industria, la ausencia de controles estatales y un creciente malestar en las comunidades costeras del sur argentino.

"Nos quieren sacar el 30% del salario, sin rodeos", alertó el secretario general del SOMU, César Zapata, al describir la ofensiva empresaria como un ataque directo al convenio colectivo de trabajo. El dirigente gremial aseguró que las compañías del sector actúan sin transparencia y se niegan a negociar condiciones justas, mientras reciben beneficios impositivos sin contraprestaciones.

Zapata detalló que el gobierno ofreció a las empresas una reducción del 27% en cargas fiscales, pero estas no solo rechazaron la propuesta, sino que también exigieron operar con un tipo de cambio ficticio de $8,25, muy por debajo del oficial. “Eso es un salario encubierto. Es una trampa para pagar menos”, denunció.

Las críticas del sindicato también apuntaron directamente al Ministerio de Trabajo, al que acusan de no controlar ni exigir documentación contable a las firmas pesqueras. “No presentan balances, no justifican nada. Solo dicen que no les cierran los números. Nos mienten en la cara”, disparó el dirigente sindical.

El conflicto, según el SOMU, tiene un trasfondo político. Zapata aseguró que el propio gobernador de la provincia responsabilizó al sindicato por el conflicto, lo que interpreta como un intento deliberado de debilitar la representación gremial para avanzar con una reforma laboral de hecho en el sector.

La crisis ya tiene impacto directo en varias ciudades costeras. En Puerto Deseado se multiplican los cierres de comercios ante la caída de la actividad, y en Puerto Madryn, los barcos locales quedaron fuera de las tareas de prospección, en favor de embarcaciones de Mar del Plata. “Nos están aislando a propósito”, denunció el secretario general.

En medio de este panorama, solo una empresa, la pyme Pescargen, alcanzó un acuerdo con el SOMU y continúa operando. El buque Mar Sur es, por ahora, la única excepción a un conflicto generalizado. “Si una empresa puede cumplir, ¿por qué las demás no?”, se preguntó Zapata.

La situación social se torna cada vez más crítica. “Hay compañeros que caminan al piquete para poder comer. Las esposas vienen al gremio a pedir alimentos. Esto ya no es solo una disputa por salarios. Es una embestida contra todo el sur argentino”, advirtió el dirigente.

Frente a la falta de respuestas del gobierno y el endurecimiento de la postura empresarial, el SOMU evalúa profundizar las medidas de fuerza. “Si no hay avances, vendrán decisiones más duras. No vamos a permitir que instalen condiciones de trabajo esclavo en nombre de la competitividad”, concluyó Zapata.