El secretario general de ATE Capital, Daniel Catalano, presentó una denuncia penal contra la ministra de Seguridad Patricia Bullrich, acusándola de abuso de autoridad y de vulnerar derechos constitucionales, tras el operativo que impidió el traslado de manifestantes hacia una movilización en la Ciudad de Buenos Aires.

La denuncia, ingresada en la justicia federal, se basa en los hechos ocurridos el pasado 18 de junio, cuando efectivos de Prefectura Naval y Gendarmería Nacional interceptaron dos micros con alrededor de 120 personas —principalmente afiliadas al sindicato— que viajaban desde La Plata. Según el escrito, las fuerzas obligaron a los vehículos a regresar, impidiendo su participación en una protesta contra la condena judicial a la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner.

Desde ATE sostienen que la maniobra fue parte de una estrategia de disuasión del derecho a la protesta, y acusan a Bullrich de utilizar recursos estatales para reprimir expresiones de disconformidad social. La denuncia hace eje en la presunta violación de los derechos a la reunión y la libre circulación, protegidos por la Constitución Nacional.

Además, el texto judicial incorpora como contexto una serie de medidas impulsadas por el Ministerio de Seguridad, entre ellas el “Protocolo de Mantenimiento del Orden Público”, la creación del comando unificado de seguridad productiva, y el polémico Decreto 383/25, que autoriza a la Policía Federal a realizar detenciones y requisas sin orden judicial. Desde ATE afirman que estas herramientas legales tienen como propósito consolidar un modelo represivo frente al conflicto social.

Catalano fue tajante en sus declaraciones públicas:

“Este gobierno hambreador y represor intenta darle un marco de legalidad a este abuso de las fuerzas de seguridad. Pero no vamos a tolerar un uso arbitrario del poder punitivo del Estado. Aunque intenten frenarnos, hay un pueblo que sabe que siempre vuelve”.

Desde ATE Capital reclamaron que la justicia actúe con rapidez para esclarecer lo ocurrido y advirtieron que seguirán movilizados para defender el derecho a la protesta. Por el momento, el Ministerio de Seguridad no emitió comentarios oficiales sobre la denuncia.