La postergación del debate de la reforma laboral en el Senado no fue producto del azar ni de una decisión repentina. Detrás de la sorpresiva marcha atrás del oficialismo hubo más de un mes de negociaciones silenciosas, contactos reservados con senadores y gobernadores, trabajo técnico y legal minucioso y una estrategia sindical que combinó presión política con movilización en las calles. Una caída estrepitosa de un proyecto que desde el Gobierno —y en particular desde el entorno de Patricia Bullrich— ya se daba prácticamente por aprobado.

A las 16:56 de este jueves, en pleno plenario de las comisiones de Trabajo y de Presupuesto del Senado, Bullrich anunció lo inesperado: “Les proponemos pasar el debate al 10 de febrero”. El mensaje cayó como un balde de agua fría entre quienes todavía estaban concentrados en acelerar el dictamen de la reforma laboral. Minutos antes, incluso, la ministra había chicaneado a la CGT en redes sociales, dando por sentado un resultado favorable.

“La realidad es que se dieron cuenta de que no tenían consenso para aprobarlo esta semana. No juntaban el quórum”, explicó a InfoGremiales el senador de Unión por la Patria y abogado laboralista Mariano Recalde, que siguió de cerca cada movimiento dentro de la Comisión.

En apenas ocho días, la actitud avasallante del oficialismo comenzó a desmoronarse. Primero, con la conformación de las comisiones, le marcaron los tiempos. Luego, se objetó el incumplimiento del reglamento parlamentario. Finalmente, quedó claro que una reforma de semejante magnitud no podía aprobarse “exprés” ni “a libro cerrado”.

Desde la CGT se adjudican buena parte del traspié del Gobierno, que coincidió además con una masiva movilización en Plaza de Mayo y en distintos puntos del país. “Este es un triunfo de la CGT. Veníamos trabajando silenciosamente con todos los gobernadores y sabíamos que esto no podía salir sin cambios ni debate”, confió a este medio una altísima fuente de Azopardo.

Las negociaciones, según pudo reconstruir InfoGremiales, fueron subterráneas y deliberadamente discretas. Reuniones mano a mano con senadores y gobernadores, contactos telefónicos casi permanentes y una decisión estratégica de evitar la difusión pública para impedir interferencias desde la Casa Rosada. Las conversaciones estuvieron encabezadas por Cristian Jerónimo y Jorge Sola, quienes mantenían un moderado optimismo respecto de que los libertarios no lograrían avanzar sin abrir el debate.

En el plano técnico, se pusieron sobre la mesa múltiples objeciones legales y económicas: desde recursos que las provincias dejarían de percibir hasta el impacto negativo de una eventual judicialización masiva de un texto con serios problemas de redacción. A eso se sumó el respaldo pleno del bloque de Unión por la Patria, con 28 senadores, y la necesidad de sumar al menos nueve votos más para forzar cambios en los puntos más sensibles del proyecto.

“Ayudó la movilización, jugaron bien los gobernadores con los que se acordó y también pesaron los errores no forzados del Gobierno”, reconocen desde la conducción cegetista. La evaluación interna es clara: la reforma laboral que el Ejecutivo daba por descontada ahora quedó en otro plano.

“Ahora se abren chances de discutir. Igual, no vamos a cometer el error de empoderarnos como hizo el Gobierno”, advierten desde la cúpula sindical. Con una metáfora futbolera, sintetizan el momento: “En este primer tiempo del partido veníamos perdiendo 2-0 y se lo dimos vuelta. Ahora, habrá que jugar el segundo…”.