El Gobierno nacional debió resignar su intento de darle un tratamiento exprés a la reforma laboral y postergó el debate legislativo hasta febrero. La decisión fue anunciada por Patricia Bullrich en pleno plenario de las comisiones de Trabajo y de Presupuesto del Senado y desató festejos en la sede de la CGT, en Azopardo, donde aseguraron que se trató de “un triunfo del movimiento obrero”.

“Les proponemos pasar el debate al 10 de febrero”, expresó Bullrich, titular de la Comisión de Trabajo del Senado, cuando el oficialismo buscaba acelerar la firma del dictamen. El anuncio se produjo minutos después de finalizada la masiva movilización convocada por la CGT en Plaza de Mayo, lo que fue interpretado por los gremios como una señal directa del impacto de la protesta y de la presión política ejercida en los últimos días.

Desde el sindicalismo remarcaron que la magnitud de la reforma hacía inviable un tratamiento exprés como el que pretendía el oficialismo. “Esto es un triunfo de la CGT. Nosotros veníamos trabajando silenciosamente con todos los gobernadores y sabíamos que esto no podía salir sin cambios”, confió una altísima fuente de Azopardo.

Bullrich intentó justificar la postergación al señalar que “este ha sido el pedido de muchos sectores de poder trabajar esta ley, en vez de discutirla el 26 de diciembre”, aunque en el mundo gremial interpretaron el giro como un reconocimiento de la falta de consenso político para avanzar con el proyecto.

Según pudo saber InfoGremiales, las negociaciones con senadores y gobernadores fueron encabezadas por Cristian Jerónimo y Jorge Sola, quienes se mostraban moderadamente optimistas respecto de que el oficialismo no lograría aprobar la reforma sin abrir el debate y sin introducir modificaciones sustanciales.

En el Congreso, el senador Mariano Recalde (Fuerza Patria) valoró la postergación, aunque expresó fuertes críticas al contenido del dictamen. “Es bueno que se prorrogue el debate y que no se cierre tan exprés como se venía intentando y que se escuche”, señaló, aunque lamentó que el texto “no recoge ninguna observación ni ningún planteo”.

“Ahora empieza otro partido”, advirtieron desde la conducción sindical, que ya proyecta su estrategia de cara a febrero, en un contexto social y económico que —anticipan— podría ser mucho menos favorable para la gestión libertaria.

En el Senado también se mencionó el carácter disciplinante del tratamiento del Presupuesto y los costos políticos de haber apurado el debate. El traspié del oficialismo deja al Gobierno ante la paradoja de quedar al borde de vetar una ley que él mismo impulsó, un dato que en el Congreso ya es leído como un signo de época.