La tensión en el sistema universitario nacional vuelve a escalar. Tras el reciente fallo de la Corte Suprema que ratificó la vigencia de la Ley de Financiamiento Universitario, distintos gremios docentes y nodocentes reclamaron que el gobierno de Javier Milei avance de manera inmediata con la aplicación total de la norma y complete la recomposición salarial pendiente.

Las organizaciones sindicales sostienen que, si bien el Ejecutivo comenzó a cumplir parcialmente con las obligaciones derivadas de la ley mediante el pago de una parte de los incrementos adeudados, todavía persiste una importante pérdida del poder adquisitivo acumulada en los últimos años.

Reclaman una recomposición salarial completa

La Federación Nacional de Docentes Universitarios (CONADU) fue una de las organizaciones que elevó el tono de los reclamos. Durante un plenario de secretarios generales realizado en la Ciudad de Buenos Aires, el gremio resolvió profundizar su plan de lucha y exigir que los salarios correspondientes a julio, que se percibirán en agosto, incorporen plenamente las mejoras previstas en la legislación vigente.

Desde la conducción sindical argumentan que la medida cautelar que ordena el cumplimiento de la ley continúa vigente y debe ejecutarse sin demoras. Además, advirtieron que la recuperación salarial alcanzada hasta el momento resulta insuficiente frente a la pérdida acumulada de ingresos que afecta al sector universitario.

En ese marco, también comenzó a analizarse la posibilidad de consultar a las bases sobre nuevas medidas de fuerza durante el segundo cuatrimestre, incluyendo la eventual suspensión de actividades académicas.

FATUN reclama mejoras para el sector nodocente

Por su parte, la Federación Argentina del Trabajador de las Universidades Nacionales (FATUN) mantuvo una reunión con representantes del Gobierno nacional y del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), donde presentó una serie de planteos vinculados a la situación salarial de los trabajadores nodocentes.

La organización encabezada por Walter Merkis solicitó la actualización de los montos correspondientes a la garantía salarial y reclamó que todas las sumas otorgadas como adicionales no remunerativos y no bonificables sean incorporadas al salario básico de cada categoría, respetando las escalas establecidas en el convenio colectivo de trabajo.

Según informaron desde la federación, también pidieron que los incrementos ya reconocidos se reflejen plenamente en la estructura salarial permanente de los trabajadores universitarios.

No obstante, desde la Subsecretaría de Políticas Universitarias señalaron que varios de esos planteos se encuentran atravesados por cuestiones judiciales, lo que dificulta una respuesta inmediata.

FEDUN alerta por el futuro del sistema científico

En paralelo a la discusión salarial, la Federación de Docentes de las Universidades (FEDUN) puso el foco en la situación que atraviesa el sistema científico y tecnológico nacional.

La organización expresó preocupación por los despidos y los recortes registrados en organismos de investigación y convocó a respaldar el proyecto legislativo denominado “Condiciones Base para la Sostenibilidad y Protección del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación”, impulsado por la ex titular de la Comisión Nacional de Energía Atómica, Adriana Serquis.

Desde la federación remarcaron la necesidad de fortalecer la articulación entre universidades, sindicatos y trabajadores del sector científico para enfrentar lo que consideran un proceso de desfinanciamiento de áreas estratégicas para el desarrollo nacional.

La iniciativa será presentada en una actividad convocada para el próximo 16 de julio, donde referentes académicos, gremiales y científicos debatirán sobre el impacto de las políticas de ajuste en las universidades y los organismos de investigación.

Crece el conflicto universitario

Con la Corte Suprema respaldando el reclamo de las universidades y los gremios reclamando la ejecución plena de la ley, el conflicto universitario ingresa en una nueva etapa. Las organizaciones sindicales advierten que, si no hay respuestas concretas en agosto, podrían profundizarse las medidas de fuerza en todo el país, en un escenario donde la discusión salarial se combina con la preocupación por el financiamiento de la educación superior y la continuidad del sistema científico argentino.